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Economía
sábado 16 de julio de 2016, 01:00

Ministro dice que no busca frenar a la Contraloría

La acción de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en contra de varios artículos de la Ley Nº 2248/2003, de ninguna manera busca limitar la capacidad de control de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la gestión de la cartera estatal. La intención es que también el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial pueda auditar la administración, comentó ayer el ministro Ramón Jiménez Gaona.

“Lo que buscamos es una doble revisión de las cuentas del MOPC; queremos más, no menos. Queremos que quede bien claro que lo que nosotros perseguimos es la mayor transparencia posible. No tenemos nada que esconder”, subrayó el titular del MOPC.

Según el MOPC, lo que se busca es devolver al Tribunal de Cuentas el deber legal de juzgar los balances que ya han sido auditados. Entendemos que ello es un legítimo derecho de todo administrador, en el sentido de tener la tranquilidad de que lo auditado obtenga carácter de cosa juzgada.

A través de la Resolución 495, el contralor general de la República, Roy Rodgers, dispuso la realización de una auditoría a la Comisión Nacional del Pilcomayo, dependiente del MOPC. Los auditores ya se instalaron en un espacio físico de la institución, para la ejecución de las investigaciones pertinentes.

La intención del organismo de control es inspeccionar los trabajos que se venían realizando en la Comisión del Pilcomayo, cuyo mal manejo está a la vista porque el canal paraguayo del río se secó. Por ello, el ecosistema que depende del cauce hídrico corre el riesgo de desaparecer, pese a que se realizaron millonarias inversiones para la limpieza del canal.

Jiménez Gaona ya había ordenado la intervención de la Comisión del Pilcomayo, donde se descubrieron varias irregularidades, como la desidia de funcionarios y las empresas que incumplieron. También denunció el caso al Ministerio Público.