“La comunidad internacional ha dicho claramente que no se puede ser tolerante con las armas que matan y mutilan indiscriminadamente (...). Yo los animo a acelerar sus esfuerzos colectivos”, dijo el Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Antonio Prado, en nombre del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
El representante de la Cepal fue uno de los encargados de presidir la ceremonia de apertura de la 15ª Reunión de Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, que comenzó este lunes en la capital chilena y que prolongará hasta el 1 de diciembre.
“Hago un llamado a la comunidad internacional a mostrar generosidad para lograr acabar con el sufrimiento causado por las minas antipersonales. Los Estados que puedan deberían entregar recursos a los países afectados que están comprometidos con sus obligaciones”, agregó Prado.
La convención sobre la prohibición de minas es una de las herramientas más “valiosas” para asegurar que las futuras generaciones puedan “disfrutar de un mundo más seguro”, dijo Prado quien recalcó la necesidad de atraer “lo antes posible” a más países que aún no formen parte de la convención.
La Convención de Ottawa es un instrumento de Derecho Internacional del Desarme y de Derecho Internacional Humanitario, suscrito en la capital canadiense en diciembre de 1997 por 122 Estados, que prohíbe el uso, la producción, la transferencia, y la retención de minas antipersonal.
El tratado, que entró en vigor en 1999 y suscrito en la actualidad por 162 países, obliga a los Estados firmantes a destruir sus arsenales en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigencia del acuerdo.
El representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Lorenzo Caraffi, presente en la inauguración, aseguró que desde su entrada en vigor, la convención “ha dado resultados tangibles y vitales, puesto que 26 estados parte han limpiado tierras contaminadas”.
América Latina es, desde su punto de vista, una muestra del “éxito” de la convención ya que la mayoría de los países han conseguido limpiar sus campos minados, lo que sitúa a la región en “camino a convertirse en un territorio libre de minas”.
En el caso de Chile, hasta la fecha se ha conseguido destruir 146.460 minas lo que representa un 70 % del total plantado y se han liberado 16 millones de metros cuadrados, explicó el canciller del país austral, Heraldo Muñoz, durante la inauguración.
“Este avance nos permite asegurar que Chile estará libre de minas antipersonas el 2020, cinco años antes de la meta acordada por los Estados miembros de la convención”, aseguró.
No obstante, lograr el objetivo en 2025 no constituye el mismo desafío para todos los países, pues existen circunstancias políticas y geográficas que pueden dificultar la tarea.
Este es el caso, por ejemplo de Colombia, donde el conflicto armado dejó 52 millones de metros cuadrados minados y más de 11.460 personas heridas a causa de las minas antipersonas en los últimos años, señaló el representante del gobierno colombiano, Mauricio González.
Colombia ha lanzado un plan ambicioso para conseguir liberar de minas los 673 municipios que aún están contaminados y que representan el 60 % del total del territorio.
La meta más cercana es “finalizar con la limpieza de 21 millones de metros cuadrados, lo que representa el 46 % de la superficie contaminada”, señaló González.
“Colombia es testimonio diario de cómo la acción integral contra minas antipersonas es una poderosa herramienta para restituir promover y garantizar los derechos de las personas y las comunidades; el propósito es lograr más escuelas seguras, más caminos, ríos y veredas transitables, más tierras para cultivos, más parques para niños y niñas”, agregó.
El colombiano Jesús Martínez, víctima de una mina y representante de la campaña internacional para la prohibición de minas antipersonales (ICBL, por sus siglas en inglés), alertó sobre la caída de los fondos destinados al desminado en los últimos años.
“Hay que lamentar un incremento, en 2015, de un 75 % de víctimas por minas antipersonales respecto del 2014, justamente el año en el que los fondos llegaron a sus niveles más bajos”, señaló.
“Insto a los Estados a actuar con honestidad y transparencia, replantearse nuevos planes para afrontar este desafío, como comunidad debemos actuar de manera decisiva para lograr un mundo libre de minas en 2025", concluyó.
Durante los próximos días, representantes de los Estados miembros de la Convención y organizaciones internacionales analizarán los logros en la aplicación de los compromisos contraídos en el Plan de Acción de Maputo, que establece una hoja de ruta para la identificación y la remoción de las minas antipersonales.
