El caso guarda relación con 287 empresas que operan en Ciudad del Este, las cuales son investigadas por la utilización de facturas de presunto contenido falso de 13 proveedores inconsistentes detectados, por un monto de G. 1,602 billones (USD 288,6 millones). Se estima un monto inicial de evasión impositiva de USD 55 millones.
Los supuestos proveedores de facturas de contenido falso, que habrían sido utilizadas por estas 287 empresas para disminuir el pago de impuestos al fisco, son albañiles, amas de casa, empleadas domésticas, personas de escasos recursos que manifestaron no haberse inscripto nunca en el RUC y otras que consignan montos ínfimos en sus declaraciones juradas. El nexo encontrado por la SET entre los proveedores y las firmas que utilizaron sus facturas son dos contadores: Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González.
