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Economía
domingo 10 de septiembre de 2017, 01:00

Mayorías

En la triada de reflexiones realizadas en las últimas semanas en estas columnas, se abordaron tres de los marcos de referencia en la existencia de todo estado de derecho. Ellos son la responsabilidad compartida (nadie es responsable por sí solo de las acciones y omisiones en políticas públicas), el crecimiento espontáneo (el que ocurre en forma natural o violenta, independientemente de las políticas públicas, comprendiendo la clandestinidad, la informalidad, los delitos económicos y la criminalidad) y el lavado de dinero (mecanismo por el cual se legalizan los flujos de dinero obtenidos vía delitos económicos y criminalidad).

A todo eso hay que agregar también la integración internacional en regiones y bloques, así como la multinacionalidad en la toma de decisiones en materia de inversiones y aspectos conexos. Esta multinacionalidad tiene que ver no solo con la organización transnacional de empresas operando entre naciones independientes, sino también con las transnacionales del crimen.

La consideración de tales marcos de referencia, así como de la integración internacional y de la transnacionalidad debe haber dejado en claro que el camino al desarrollo sostenible está sembrado de interactividad e influencias recíprocas de los mismos. El estado de derecho en democracia, acosado por corrupción e impunidad omnipresentes, se articula dentro de dichas coordenadas.

MAYORÍAS POLÍTICO-PARTIDARIAS Y LEGISLATIVAS. ¿Cómo plasmar la voluntad popular, en una nación independiente, en términos de políticas públicas? Dentro del estado de derecho en democracia eso es posible solamente a través de la articulación de mayorías, diferenciándolas en mayorías político-partidarias y legislativas. Sin ellas no es posible la sanción de leyes. Y sin leyes sancionadas y promulgadas en interactividad entre Congreso y Poder Ejecutivo, no existe estado de derecho. Menos aún si el Poder Judicial no se halla cumpliendo con sus funciones constitucionales. Para entender mejor la complejidad de la realidad paraguaya en términos de su ordenamiento jurídico e institucional, así como en los de coyuntura y su futuro, es importante ser conscientes de tales marcos de referencia, coordenadas y condicionamientos.

EL PODER EJECUTIVO NO LO PUEDE TODO SOLO. Afirmar que los ministros del Poder Ejecutivo no serían nombrados como tales si no fueran a obedecer las órdenes dadas por su jefe, el presidente de la República, es solo cierto a medias. Por un lado es comprensible que el presidente de la República nombre a gente de su confianza para ejercer tales cargos. Pero por otro lado tenemos que ser conscientes de que existen también imperativos técnicos, que deben ser observados estrictamente, y poderosas fuerzas involucradas en delitos económicos y criminalidades, ejerciendo un peso nada subestimable en la balanza de poderes.

IMPERATIVOS TÉCNICOS Y COMBATE A LA ILEGALIDAD. Ir ciegamente en contra de los imperativos técnicos llevará a un caos desestabilizante en materia de políticas públicas, todas ellas regidas por los mismos. Asimismo, ir ingenuamente en contra de los intereses del mundo del hampa (delitos económicos y crímenes, incluidos los de lesa humanidad), sin apoyo de ciudadanía, de contribuyentes y de países con influencia en el nuestro, terminará igualmente en un caos similar o aún peor.

De forma que no queda otra alternativa que tener conocimiento, know how y voluntad política para la observancia irrestricta de los imperativos técnicos y concertar alianzas con fuerzas nacionales e internacionales para combatir delitos económicos y criminalidad.

Pero la base fundamental de toda esta estrategia hacia el desarrollo sostenible consistirá en articular mayorías tanto político-partidarias, como legislativas para la sanción y promulgación de leyes y demás normas, que pasen a constituir las vigentes para la aplicación de políticas públicas ad hoc. En tal sentido, el funcionamiento honesto, eficaz y eficiente del Poder Judicial, cumpliendo la Constitución Nacional, es sine qua non.