EFE
Además, un 82 % de los consultados respondió que hay información del caso “que todavía no salió a la luz”, según la encuesta, realizada por el Centro de Informaciones y Recursos para el Desarrollo (CIRD), y que tiene un margen de error del 5%.
Para ello, entrevistó a 400 personas de entre 18 y 65 años, entre el 10 y 16 de abril en Asunción y las ciudades aledañas que forman el casco urbano.
El 65,5% de los entrevistados consideró que no se están respetando los derechos de los campesinos acusados por la matanza de Curuguaty, en la que murieron 6 agentes y 11 labriegos.
El enfrentamiento ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando la Policía intentó desalojar una propiedad rural ocupada por campesinos, que reclamaban que las tierras fueran recuperadas por el Estado de las manos de la empresa agroganadera de un destacado político local.
Cinco campesinos fueron acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, mientras que no se han explicado las circunstancias del fallecimiento de los once labriegos, ni hay ningún imputado por ello.
Un juez sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario durante los días que se realizó la encuesta, con lo que cuatro de ellos fueron traslados a sus viviendas después de que cumplieran 58 días de huelga de hambre, mientras que el quinto sigue en la cárcel.
Los sucesos de 2012 llevaron a la destitución una semana después por parte del Congreso del entonces presidente, el izquierdista Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento en su lugar de Federico Franco, del Partido Liberal (derecha).
Los abogados defensores de los campesinos califican de “farsa” la imputación de sus clientes y creen que la investigación fue “manipulada”, mientras que el fiscal del caso, Jalil Rachid, niega que hayan desaparecido o se modificaran pruebas, como denuncia la defensa.
Organizaciones internacionales como Oxfam consideran el caso un paradigma de los múltiples problemas que existen en Paraguay relacionados con la distribución de riqueza y de tierras.
Paraguay ostenta el reparto de la tierra más desigual de América Latina. Según la organización, un 2 por ciento de la población posee el 85 por ciento de la superficie agraria del país.
En la encuesta divulgada este miércoles un 49 % de los participantes se mostró “muy de acuerdo” en que sin distribución de tierras no habrá desarrollo rural en el país.
El informe también revela que la mayoría de los encuestados rechaza el uso de semillas transgénicas. En Paraguay existen 13 cultivos transgénicos permitidos, entre ellos la soja de la compañía Monsanto.
El 54,3 % de los entrevistados se mostró “en contra, en todos los casos” del uso de estas semillas, usadas mayoritariamente por las grandes empresas agropecuarias.
El 86,8 % de los ciudadanos encuestados también aseguró que es “totalmente cierto” que las fumigaciones con agroquímicos de los cultivos afectan a la salud de las personas que viven cerca.
Campesinos de diversas regiones del país se han movilizado en contra de los grandes productores agrarios que no respetan las leyes que limitan el uso de las fumigaciones, y denuncian que el Gobierno no lleva a cabo controles al respecto.
