Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “suprimió” partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro. La decisión resultó de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos –excepto el Legislativo– convocados por el presidente venezolano para zanjar diferencias horas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara que los dictámenes del TSJ suponían una “ruptura del orden constitucional”. Sin embargo el acuerdo no convenció a la oposición.
“No ha habido cambio, el golpe de Estado continúa”, dijo el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges.
“La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo”, subrayó durante una concentración de opositores en Caracas. El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó por su parte que los dictámenes hayan “despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”. AFP