El Instituto de Previsión Social (IPS) está en peligro. La protección de la salud y la jubilación de los trabajadores asegurados entran en una senda de alto riesgo. En estos días la Cámara de Diputados sancionó las modificaciones introducidas a la Carta Orgánica del ente y en una semana aproximadamente el Ejecutivo cumplirá límite para promulgar o rechazar la normativa.
Las actuales autoridades del IPS, con Benigno López, su presidente, a la cabeza, impulsaban desde hacía tiempo una serie de cambios en la ley de creación de la previsional. Entre esas novedades se deslizan posibilidades de desmejoramiento de la universalidad de la cobertura, motivo fundacional del ente. La ley modificatoria institucionaliza todo eso.
Llamativamente, son escasas las voces que hablan del asunto y cuestionan.
Las organizaciones sindicales parecieran estar más distraídas en otras cortinas de humo que va generando el Gobierno de Horacio Cartes, y no fijan la atención en lo vital que es la modificación progresiva que va dándose en torno al IPS, que anunció que desde septiembre pondrá en marcha un plan por el que se rechazará la admisión al seguro social obligatorio a aquellos trabajadores que tengan algún mal preexistente como la diabetes, el cáncer o el VIH, entre otros. Si bien esto forma parte de una disposición vieja, su cumplimiento había sido dejado por colisionar justamente con una serie de postulados constitucionales, convenciones y tratados internacionales sobre DDHH.
Este reimpulso de la idea restrictiva es fundamentada en problemas administrativos que deben subsanarse. Problemas que mayoritariamente se originan en la corrupción y el mal manejo y gerenciamiento de los recursos, no en la atención a los asegurados.
La reformada ley ahora afectará, además, los recursos jubilatorios al disponer que los reposos médicos sean pagados con ese dinero y no con el fondo de salud, como viene siendo y debe ser. También abre para el uso público la información sobre asegurados y empleadores, cosa prohibida hasta hoy, y crea nuevos mecanismos de sanción a las partes involucradas en el seguro, algo innecesario si se cumplen los controles habituales y sin transacciones ilegales como ocurren hoy.
Las modificaciones fueron hechas a espaldas de los trabajadores, aportantes y sujetos de la protección previsional. Consultaron a los empleadores y decidieron los políticos. Los que siempre usan los fondos los someten a corrupción y terminan endilgando la culpa al asegurado. Todo es tan obvio, ¿no?
