A pedido del solitario oferente, el consorcio Sacyr - Mota Engil - Ocho A se adelantó en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el proceso de apertura del sobre N° 2, referente a la “Propuesta Económica Financiera”, dado que este acto recién estaba marcado para el 29 de agosto próximo y ayer solo se debía dar lectura a la puntuación asignada a la oferta técnica presentada anteriormente.
El contrato de diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de las rutas 2 y 7 se da en el marco de la Ley N° 5102/13, de “Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública”, más conocida como Ley de Alianza Público-Privada (APP).
El consorcio propuso un pago diferido de inversión (cuota semestral) por un importe de USD 27.217.135, impuesto al valor agregado (IVA) incluido. Las cuotas se pagarán dos veces al año, por un período de 15 años. Significa que solamente la construcción de la ruta tendrá un costo total de USD 816 millones, en caso de aceptarse la oferta.
Además, el oferente estableció el pago anual de G. 145.292 millones (IVA incluido), en concepto de pago por disponibilidad. Se refiere al mantenimiento y la operación del tramo. Este importe se desembolsará por los 30 años que dure la concesión de ambas rutas, lo que significa un erogación de G. 4,3 billones (USD 747 millones). Es importante mencionar que Sacyr - Mota Engil - Ocho A solicitó la conversión del 50% de este pago (como permitía el MOPC) en dólares, para lo cual se toma como referencia la cotización del dolar en G. 5.834, de fecha 4 de enero de 2016.
En total, la APP de las rutas 2 y 7, el primer proyecto de esta envergadura del país, representará USD 1.563 millones. La oferta ahora pasa al Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC para su examen, análisis y calificación. La secretaría de Estado recalcó que, pese a haber un solo oferente, no está garantizado que se le adjudique esta obra.
CASTIGO. Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC, comentó que el pago por disponibilidad está sujeto a los trabajos que realice el consorcio, puesto que si no mantiene las rutas en buen estado no cobrará este importe. “El pago por operar, mantener, rehabilitar y dar servicios por 30 años es el pago por disponibilidad, la utilización de la infraestructura. Este pago se va a ver multado si la empresa no arregla los baches; si no mantiene la señalización; si hay accidentes y no responde a tiempo; si no arregla los puentes. Yo te pago el 100% si hacés tu trabajo; si no hiciste y yo no pude disponer de mi infraestructura yo te voy a castigar”, puntualizó la ingeniera.
Centurión dijo a ÚH que es incorrecto publicar que el costo de la obra será de USD 810 millones, porque “se suman flujos de dinero en distintos años”. Ratificó que el Estado es el único que va a disponer de los fondos de los peajes, va a fijar las tarifas y todo el dinero recaudado será depositado en el fideicomiso que se forma para esta APP. La idea es que el usuario que utilice la ruta sea el que pague por la duplicación y mantenimiento de la ruta, indicó.
“Esto todavía no está definido; vamos a revisar, analizar. Hay una serie de documentos que se pidieron, los modelos financieros, va a trabajar el Ministerio de Hacienda, va a evaluar cómo es la proyección del pago, etcétera”, dijo.
En la APP de las rutas 2 y 7 se registraron cuatro postergaciones en los llamados licitatorios. En su momento se tuvieron 11 empresas precalificadas.
