Los incidentes ocurrieron en el norte del estado Rakhine, en la frontera con Bangladesh, zona donde vive el grueso de este colectivo perseguido y que está cercada por el Ejército desde los ataques del 9 de octubre contra puestos de la policía fronteriza.
Según el diario Global New Light of Myanmar, que reproduce un comunicado del Ejército, unos 69 supuestos insurgentes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre el 9 y el 14 de noviembre, en los que también murieron 7 militares y 10 policías.
En los días previos, el periódico atribuyó los enfrentamientos a emboscadas que los asaltantes, calificados como terroristas, habrían llevado a cabo armados con palos y machetes.
Las fuerzas de seguridad también detuvieron a 234 atacantes, 29 de los cuales fueron condenados, según el rotativo que no especificó los cargos.
Las autoridades acusan a estos grupos de quemar decenas de casas en aldeas rohingya, colectivo al que también pertenecen los asaltantes, y niegan que los incendios hayan sido provocados por las fuerzas de seguridad.
Activistas y grupos de defensa de los derechos humanos, en cambio, acusan al Ejército de cometer ejecuciones, violaciones y saqueos contra la población rohingya.
Las autoridades birmanas han rechazado estas denuncias mientras el Ejército impide el acceso a la zona a organizaciones de ayuda humanitaria, observadores y prensa independiente desde el incidente armado contra los puestos fronterizos del mes pasado.
Ese asalto y posteriores disturbios causaron al menos 40 muertos entre policías, militares, asaltantes y vecinos.
La líder de facto del gobierno y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, ha recibido críticas por no interceder en favor de los rohingya, cuyos miembros no son reconocidos como ciudadanos birmanos sino como inmigrantes bengalíes.
Más de un millón de rohingya viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.
