Un número mayor a cien instituciones públicas son las que presentaron inconstitucionalidades ante la Corte Suprema de Justicia (CJS) para evitar las auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) a sus respectivos ejercicios fiscales, según señala la abogada Elizabeth Del Pozo, directora jurídica de la CGR, quien, tras la acción del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en este sentido, señaló el peligro de la potencial extinción del ente contralor a causa de estas medidas.
Varias instituciones, como los municipios, gobernaciones, ministerios, entre ellos Obras Públicas y Comunicaciones, y hasta la propia Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, y por último la Justicia Electoral, están en este paquete de “entes oficialmente descontrolados”.
“Evidentemente se esconde algo de un control que sería impartido por parte de un órgano legítimamente constituido como lo es la Contraloría General de la República. Estamos haciendo un recuento de más de cien instituciones que están promoviendo estas acciones y están eludiendo el control de la Contraloría”, manifestó.
Según las medidas jurídicas que beneficiaron a estas instituciones para que no rindan cuentas a la CGR, los entes deben presentar sus balances e informes de gestión al Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, dicho órgano no cuenta con los recursos suficientes para dicha tarea, según analiza la abogada de la Contraloría, quien dijo que el rol del Tribunal de Cuentas sería ya solamente el de juzgar los estudios realizados por la CGR.
Años. “Este es un problema que tenemos desde hace años, no es de ahora, lamentablemente es una práctica que se va nacionalizando, están practicando esto los municipios, las gobernaciones, los ministerios, la Fiscalía, la propia Corte, entonces cómo no otorgaría la Corte una acción favorable a los demás entes, cuando que ella misma promovió y se benefició a sí misma”, expresó.
Coincidió en que esta tendencia perjudica a la CGR y a la transparencia gubernamental. “Con esta ideología, la Contraloría va a tender a desaparecer, se habló hace unos años de este riesgo, porque jurídicamente tiene funciones, atribuciones y obligaciones, pero en la práctica, a través de una confusión de terminología, se otorga a un ente que no tiene capacidad”, dijo.
