23 de agosto
Miércoles
Despejado
24°
34°
Jueves
Mayormente nublado
24°
35°
Viernes
Despejado
23°
35°
Sábado
Nublado
20°
33°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Mundo
domingo 26 de marzo de 2017, 12:14

Manifestaciones convocadas contra la corrupción en Brasil tienen baja adhesión

Río de Janeiro, 26 mar (EFE).- Las manifestaciones contra la corrupción convocadas para hoy por los movimientos no partidarios que el año pasado movilizaron a millones de brasileños contra la destituida presidenta Dilma Rousseff tuvieron una adhesión muy inferior a la esperada por sus organizadores.

Aunque algunas de las protestas están previstas para la tarde del domingo, las que habían sido programadas por la mañana se realizaron sin incidentes pero atrajeron pocas personas y se deshicieron en poco tiempo.

Las de mayor adhesión, según las cifras de la Policía, fueron las de Río de Janeiro, en donde unas 600 personas se reunieron en el paseo marítimo que bordea la playa de Copacabana, y la de Brasilia, que atrajo a unas 500 personas frente a la sede del Congreso.

También se registraron manifestaciones con al menos 400 personas en ciudades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Belén y Salvador.

Los manifestantes protestaron contra la creciente corrupción en Brasil en al menos una veintena de ciudades, pero algunas de las marchas convocadas en 127 municipios de 25 de los 27 estados del país no atrajeron ni a una veintena de participantes.

La mayoría de los manifestantes vistieron ropas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña y portaron letreros para defender la investigación del gigantesco escándalo por los desvíos en la petrolera Petrobras que ha salpicado a más de un centenar de políticos, incluyendo seis ministros.

La baja adhesión de las manifestaciones contrastó con la multitud de las reivindicaciones, ya que, además de defender la lucha contra la corrupción y pedir el fin del fuero privilegiado que protege a los políticos investigados, algunos grupos aprovecharon los actos para manifestar sus propias reclamaciones.

Algunos manifestantes pidieron el regreso de los militares al poder en Brasil, otros la suspensión del estatuto que limitó el porte de armas en el país y algunos se centraron en las críticas a la reforma a las jubilaciones impulsada por el Gobierno.

En Río de Janeiro, en donde los manifestantes se congregaron indistintamente alrededor de tres camiones equipados con altavoces, un grupo de defensores de la monarquía pedía desde uno de los vehículos un cambio de sistema político en Brasil.

Los menos numerosos, sin embargo, eran los que pedían la renuncia del actual presidente, Michel Temer, que sustituyó en agosto pasado a la destituida Rousseff y que también ha sido salpicado por denuncias de corrupción.

En Brasilia, los manifestantes marcharon atrás de doce ataúdes en los que estaban las fotografías de políticos acusados de corrupción.

Las manifestaciones fueron convocadas por los grupos Vem para Rua (Sal a la calle) y Movimiento Brasil Libre, que se dicen desvinculados de los partidos políticos y utilizan las redes sociales como herramienta de movilización.

Los dos movimientos fueron los más activos entre los que, en diferentes jornadas de protestas en 2015 y 2016, movilizaron a millones de brasileños contra Rousseff, que finalmente fue destituida en agosto pasado por violaciones a las normas fiscales.

En su protesta más numerosa, el 13 de marzo de 2016, ambos grupos consiguieron colocar en las calles de 300 municipios de Brasil a entre 3,6 millones de manifestantes, según la Policía, y 6,9 millones, según los organizadores.

La mayor preocupación de ambos grupos actualmente son las iniciativas de algunos congresistas para frenar las investigaciones de los desvíos en Petrobras y para aprobar una ley que conceda amnistía a los acusados de recibir recursos de la empresa disfrazados como donaciones ilegales de campaña.

Los congresistas investigados, todos protegidos con fuero privilegiado, intentaron aprobar la amnistía a finales del año pasado y han impulsado otras medidas que amenazan las investigaciones.