30 de mayo
Miércoles
Lluvioso
19°
25°
Jueves
Lluvioso
17°
25°
Viernes
Cubierto
13°
24°
Sábado
Parcialmente nublado
10°
21°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Mundo
martes 14 de febrero de 2017, 17:26

Mala salud de Abimael Guzmán obliga a suspender el juicio por el atentado de Tarata

Lima, 14 feb (EFE).- La deteriorada salud del fundador de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, de 82 años, obligó hoy a suspender el inicio del juicio oral en su contra, y de varios excabecillas de la banda armada, por el atentado terrorista en la calle Tarata, que dejó 25 muertos en 1992.

El colegiado A de la Sala Penal Nacional convocó a la primera audiencia del caso en un ambiente de la Base Naval del Callao, donde Guzmán purga prisión perpetua por terrorismo, pero dos horas después tuvo que suspender el acto por la inasistencia del acusado.

La ficha de Evaluación Médica de la Base Naval otorgó tres días de descanso médico a Guzmán por padecer de una enfermedad diarreica aguda, según informó la sala.

La esposa de Guzmán y coacusada por haber sido la número dos de Sendero, Elena Yparraguirre, dijo al titular de la sala, René Martínez, que hace varios meses pide que lo lleven a un hospital para tener un diagnóstico certero.

"Le estamos llevando suero hace un mes y no se resuelve el problema", expresó Yparraguirre que en enero último presentó una demanda de hábeas corpus contra el jefe del centro de reclusión en la Base Naval.

En ese documento, la cónyuge de Guzmán afirmaba que el excabecilla senderista sufre una permanente violación de sus derechos a la vida y la salud por la negativa de brindarle atención ante la deshidratación severa que presentaba entonces.

El fundador de Sendero cumple una cadena perpetua por terrorismo en una celda de la Base Naval del Callao, en la que no tiene contacto con los otros reclusos, entre los que figuran cabecillas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), de Sendero Luminoso y del exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.

Uno de los abogados de Guzmán, Alfredo Crespo, explicó a los jueces que su patrocinado "requiere conversar con sus coprocesados sobre su estrategia de defensa de manera conjunta, porque se trata de una organización política, que ha asistido a todos los procesos con una sola posición".

"Cómo puede coordinar si no está", reclamó el letrado.

El magistrado ordenó que la junta médica del Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía presente un informe sobre el estado de salud de Guzmán en el más breve plazo y reprogramó la audiencia hasta el próximo 28 de febrero.

Los cabecillas de Sendero denunciados por este atentado son Guzmán, Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez, Eleuterio Flores, Osmán Morote, Margot Liendo y Victoria Cárdenas, entre otros.

La fiscalía reiteró el pedido de cadena perpetua y el pago de 400.000 soles (121.000 dólares) como reparación civil como autores mediatos del ataque con coche bomba contra un edificio residencial de la calle Tarata en el acomodado distrito de Miraflores.

El letrado Manuel Fajardo, otro de los abogados de Guzmán, dijo a los periodistas que el atentado de Tarata "es un hecho lamentable", pero que los acusados de hoy "no tienen nada que ver con este tema" y que el Ministerio Público (Fiscalía) no ha podido demostrar su responsabilidad como autores mediatos.

El 16 de julio de 1992, un comando de Sendero colocó un vehículo cargado con 400 kilos de dinamita en esa céntrica calle y al explotar destruyó varios edificios a la redonda con el saldo de 25 muertos, 155 heridos y 360 familias damnificadas.

Aparentemente, el objetivo original era un banco, según confesaron en 1998 los senderistas sentenciados como autores materiales del delito.

Sin embargo, como no pudieron estacionar el coche bomba donde deseaban, abandonaron el vehículo en la calle Tarata donde explotó.

Ese atentado que se produjo tras años de conflicto entre el Estado y Sendero Luminoso, causó una profunda impresión entre los limeños, que hasta la fecha no habían sufrido ningún atentado de tal magnitud en el corazón de la ciudad.

Dos meses después del atentado, Guzmán y sus colaboradores más cercanos fueron capturados por la Policía peruana en una casa de Lima, adonde la organización se había dirigido tras lanzar su "guerra popular" en alejados poblados de la sierra y la selva del país en 1980.

Tras la captura de la cúpula de Sendero en 1992, las acciones de la banda se dirigieron a casos aislados de secuestro y extorsión, y en los últimos años a dar seguridad y participar en el tráfico de drogas en el Alto Huallaga y en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).