Las sesiones en la Cámara de Diputados comenzaron con numerosos pedidos de parlamentarios para cancelar las sesiones en virtud del gravísimo accidente sufrido en Colombia por un avión fletado por el club de fútbol Chapecoense.
El desastre ocurrió cuando el aparato se aproximaba a Medellín, donde el equipo brasileño comenzaría a jugar la final de la Copa Suramericana con el Atlético Nacional, y según la última información de las autoridades colombianas, en el accidente murieron 71 personas y otras seis fueron rescatadas con vida.
El presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, ignoró los pedidos para cancelar la sesión e inició la discusión del proyecto de ley contra la corrupción, pero las discusiones comenzaron con más de cuatro horas de atraso y prometían extenderse hasta entrada la madrugada.
La discusión de esas medidas, que endurecen las penas contra la corrupción, fue precedida de polémicas debidas a unas maniobras de parlamentarios que intentaban incluir en ese proyecto una amnistía a la financiación irregular de campañas, que son uno de los ejes de la investigación del escándalo en la estatal Petrobras.
A esas maniobras les salió al paso el pasado fin de semana el propio presidente Michel Temer, quien anunció que vetaría cualquier iniciativa en ese sentido y anunció un acuerdo con la Cámara Baja y el Senado para que ninguna propuesta de amnistía fuera discutida.
Aún así, las solas maniobras generaron un clima de desconfianza entre la sociedad, que a través de las redes sociales protestó ante lo que pudiera ser un intento por acabar con la investigación en Petrobras, que salpica a decenas de políticos de todo el arco ideológico.
Al clima enrarecido por el accidente del Chapecoense, se sumó hoy una manifestación convocada por movimientos estudiantiles y algunos sindicatos contra esas maniobras y también contra el ajuste fiscal que ha propuesto el Gobierno de Temer.
Según la policía, la protesta reunió a cerca de 10.000 personas y comenzó en forma pacífica, pero degeneró en actos violentos cuando grupos de manifestantes intentaron ingresar al Parlamento, donde el Senado también votaba una de las medidas del ajuste impulsado por el Gobierno.
La policía dispersó a los revoltosos con gases lacrimógenos, pero los grupos más violentos se reagruparon, lo que generó una correría por la Explanada de los Ministerios, céntrica avenida de Brasilia en que se ubican los edificios del poder público.
Los manifestantes llegaron a levantar algunas barricadas en esa avenida, que en algunos puntos estaba bajo el denso humo de las bombas usadas por las autoridades, y llegaron a ser perseguidos por agentes montados a caballo.
Según las autoridades, en los incidentes al menos dos automóviles fueron volcados, otros tres resultaron incendiados por causas aún no establecidas y tres de los manifestantes fueron detenidos.
En un comunicado, Temer expresó su “repudio” por el “vandalismo, la destrucción y la violencia” de los manifestantes y sostuvo que “la intolerancia no es una forma de expresión democrática y no puede ser un instrumento para presionar al Congreso”.
También aludió a algunos ataques contra periodistas y coches de medios de comunicación ocurridas durante la protesta, condenó esas agresiones y aseguró que “así como la Constitución defiende la libertad de manifestación, también protege la libertad de prensa”.
En un acto público del poder judicial, Temer ya se había referido hoy mismo a muchas protestas que han ocurrido en las últimas semanas, por movimientos opuestos a su Gobierno, las cuales afirmó que son “legítimas”, siempre que no incurran en violencia.
“La Constitución determina el derecho a la manifestación, pero no el derecho a la depredación”, dijo Temer y apuntó que “no hay ningún texto constitucional que autorice movimientos depredadores”.
