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Nacional
domingo 24 de julio de 2016, 11:07

Lugo y Lula Da Silva recordarán acuerdo sobre Itaipú

Fernando Lugo y Luiz Inácio Lula Da Silva se reunirán en Ciudad del Este para recordar los 7 años del acuerdo por el cual Paraguay consiguió USD 240 millones más por la cesión de energía al Brasil. El Frente Guasu critica el uso que se le dio a estos recursos.

Cuando ambos se desempeñaban como presidentes en el 2009 acordaron aumentar los beneficios a Paraguay por el excedente de energía cedida al Brasil desde Itaipú Binacional. Desde entonces el país recibió USD 240 millones más en dicho concepto, en total USD 360 millones.

Para recordar este histórico pacto, Lugo y Da Silva se reunirán este lunes en local Costa del Lago, en Ciudad del Este, desde las 17.00, informó la periodista Noelia Duarte.

A pesar de este logro, el concejal de la localidad por Tekojoja, Herminio Corvalán, refiere que se está haciendo "politiquería" con estos recursos.

En ese sentido, considera que se debe llegar al punto álgido de la política y así, desde el poder, servir al pueblo, haciendo referencia a las aspiraciones de Lugo de volver al Gobierno tras ser destituido en el 2012. "Lula va a ser otra vez presidente en el 2018 y así como están las cosas Lugo también va a ser otra vez presidente", expresó.

Agregó que en Ciudad del Este se está trabajando en la cuestión de lucha social y se avanza hacia un despertar ciudadano. "Estamos con la consigna de que el pueblo debe recuperar el poder en el 2018 y debe marcar la hoja de ruta", indicó.

Fernando Lugo comparte en su cuenta de Twitter algunos puntos del acuerdo. Refiere que Paraguay había propuesto la recuperación de la soberanía hidroeléctrica, en el marco del derecho de preferencia al Brasil, el precio justo para la energía exportada al vecino país, la revisión de la deuda y la eliminación de porción ilegítima, cogestión plena, control y transparencia, así como la terminación de obras faltantes.

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Si bien hubo avances, aclara que no se llegó a la meta final. El Frente Guasu critica que se dio un uso prebendario a los recursos, sin control y para objetivos superfluos, mientras que desde su origen se propuso destinar los fondos a fines sociales y de infraestructura bajo estricta supervisión.

Gobernaciones y municipios reciben parte de los recursos mediante la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). El 50% de lo que reciben debe ser destinado a infraestructura escolar, pero varios son los casos de mala utilización de los fondos según los reportes de la Contraloría General de la República.