El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, ha vuelto a poner el dedo en una dolorosa llaga de la educación paraguaya al decir que hay empresas que al hacer la selección de su personal rechazan de entrada a los candidatos que provienen de universidades que carecen de la certificación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Esa actitud refleja dos cosas: una, que quienes contratan empleados consideran que los egresados de carreras de universidades que no cuentan con los papeles oficiales en regla son inservibles para las funciones que ofertan y, dos, que esa presunción se habrá masificado a partir de experiencias insatisfactorias repetidas con frecuencia al contratar personas que carecen de idoneidad.
Esa situación tiene como protagonistas a estudiantes que han ido a universidades de garaje que funcionan en lugares precarios, con profesores no preparados, en instituciones que no ofrecen la cantidad mínima de carga horaria requerida y otros rasgos que hablan de una formación inadecuada.
Una nueva evidencia de la estafa a quienes confiaron vanamente en instituciones de enseñanza de nivel terciario se ha dado en las 31 carreras de salud de 13 universidades que no han sido acreditadas y, sin embargo, siguen otorgando títulos como si hubiesen estado en regla.
Los perjudicados directos son los que cursaron una carrera y hasta elaboraron un trabajo que llaman de tesis, pero sin las exigencias de un trabajo de grado serio.
A menudo son monografías que no han seguido los pasos metodológicos de una investigación.
Los que acceden a títulos que no avalan solvencia profesional son víctimas de un sistema orquestado para otorgar títulos con tal de estar al día en las cuotas y no para proporcionar saberes para acceder a un puesto laboral con desempeño eficiente.
De todo esto solo puede deducirse que el proceso de saneamiento llevado a cabo por el Cones y la Aneaes es imprescindible y requiere de mayor celeridad, así como de más medios económicos para contratar personal que agilicen las evaluaciones y los trámites burocráticos.
El Estado no puede seguir permitiendo que los estudiantes sean engañados por inescrupulosos que se enriquecen a costa de un simulacro de enseñanza universitaria.
Y que a la hora de presentar currículum buscando empleo, se les rechace porque los posibles empleadores, al ver de qué universidades provienen, ya les cierran las puertas porque presumen que son incapaces.