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Editorial
sábado 9 de julio de 2016, 01:00

Los políticos se resisten a la transparencia completa

La clase política, poco amiga de la transparencia y la honestidad, todavía no ha hecho lo suficiente como para que los fondos electorales –provenientes del aporte de los que pagan sus impuestos a Hacienda y los de origen privado– sean controlados en su totalidad. Mientras las actuales lagunas de la Ley del Financiamiento Político no se subsanen, las agrupaciones políticas seguirán despilfarrando recursos económicos y los narcotraficantes continuarán comprando voluntades. Cuando los políticos del Congreso elaboran leyes para perfeccionar el sistema democrático lo hacen cediendo a presiones y no a la convicción de que están para servir a la población creando instrumentos legales eficaces.

La Ley 4743 del 2012 "Que regula el financiamiento político" es un claro ejemplo de resistencia de la clase política a proporcionar al país un medio capaz de controlar el destino de todo el dinero que los partidos políticos se asignan a sí mismos en el Presupuesto General en concepto de aporte del Estado y subsidio electoral, así como de la fuente de sus ingresos del sector privado.

En tiempos democráticos, el argumento para que la ciudadanía –a través de una parte de lo que paga como impuesto– mantenga a los partidos fue que de ese modo se evitará al máximo la incursión del dinero del crimen organizado en los grupos políticos. Aunque limitado a montos máximos, quedó, sin embargo, habilitada la entrada de dinero que puede, incluso, provenir del narcotráfico.

Es más que evidente que si actuasen con sentido de justicia y responsabilidad, los que ejercen el poder debieron haber devuelto ya a esta altura, como contrapartida del aporte de la gente, un sistema de control indubitable, eliminando toda sospecha posible sobre el destino y el origen de los fondos.

La ley vigente claramente dice que los partidos, movimientos y alianzas electorales, en un plazo de 40 días posteriores a las elecciones, tienen que remitir sus informes acerca de su manejo financiero en las elecciones. Tras los comicios municipales de noviembre del año pasado algunas agrupaciones políticas todavía no lo han hecho en la forma en que la ley les obliga.

Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en una entrevista publicada por nuestro diario, con una actitud condescendiente, trató de "explicar" que la falta de rendición acorde a lo que manda la legislación se debe a que aún no hay una comprensión acabada de sus mecanismos. Olvida que una ley se acata y que los ministros del TSJE están para exigir el cumplimiento de las normas, sin excusas ni complicidades.

Bestard dijo también: "Tenemos en vista algunos artículos que creemos que pueden ser mejorados en la mayor brevedad". No informó, sin embargo, que ya tenían un proyecto de nueva modificación de la ley para superar sus debilidades.

La actitud del presidente del TSJE reproduce la de los políticos. Ellos seguirán negándose a la transparencia total porque pretenden seguir abusando del pueblo y seguir codeándose con delincuentes con tal de defender sus privilegios. Solo una acción de la sociedad civil organizada podrá obligarles a establecer una financiación política transparente. Otra vía no queda.