En una actitud vergonzosa a favor de la corrupción, la bancada de senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pidió al JEM que la fiscala Brígida Aguilar, que imputó al liberal Horacio Ortiz por una supuesta irregularidad en el empleo de dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), fuera removida de su cargo.
Cae de maduro que la intención de la solicitud es sacar de en medio a la agente fiscal que estaba encontrando comprometedoras evidencias en contra del investigado por lesión de confianza, por la desaparición de 1.700 millones de guaraníes destinados al mejoramiento de infraestructura escolar.
De acuerdo al artículo 253 de la Constitución, el JEM está integrado –además de dos ministros de la Corte Suprema y dos miembros del Consejo de la Magistratura– por dos senadores y dos diputados. Estos legisladores son políticos puestos por sus pares del Congreso en el órgano de decisión con respecto a jueces y fiscales denunciados, para constituirse en brazos largos de los intereses de los legisladores.
Es obvio, entonces, que los que representan a las Cámaras de Senadores y Diputados en el Jurado están al servicio de los que les pusieron en el cargo. Es más: de su lealtad a los intereses de los mismos depende su permanencia en el estratégico órgano juzgador de conductas.
Esa situación hace que la labor de los fiscales sea sumamente vulnerable: en cualquier momento las influencias políticas pueden sacarlos de las investigaciones que llevan adelante. O pueden ser amenazados constantemente para que su gestión carezca de la efectividad necesaria para conseguir la condena de sus imputados.
El caso de la fiscala que investiga al intendente liberal reelecto de Ypané no hace sino reproducir situaciones que ya se dieron en los casos de las imputaciones de los ahora ex intendentes de Lambaré, Roberto Cárdenas (colorado) y de San Antonio, Raúl Mendoza (liberal). Ambos fueron imputados también por irregularidades cometidas en la administración de recursos del Fonacide.
Ante la realidad de las amenazas y las presiones de políticos hacia los agentes del Ministerio Público, tiene razón la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay al quejarse y denunciar la injerencia política para apartar a sus pares que atienden casos de políticos.
Mientras los fiscales sigan viendo la espada de Damocles de los políticos sobre sus cabezas, los políticos corruptos continuarán gozando de apreciable ventaja. Para que esa situación termine es necesario modificar la ley que rige el funcionamiento del JEM para sustituir a los políticos que impiden que los fiscales actúen sin temores y remitan a la cárcel a los corruptos de la Administración Pública.