Hace apenas una semana, 69 diputados levantaban la mano –con la excepción de Hugo Rubin, del Encuentro Nacional y de Ramón Duarte, del Frente Guasu– para aprobar una ampliación presupuestaria de 12.000 millones de guaraníes, de los cuales 8.800 millones se iban a destinar para pagar un tercer aguinaldo o gratificación a unos 1.300 funcionarios de la Cámara de Diputados.
La resolución, celebrada con imágenes mostrando a los dirigentes gremiales del Congreso en pose desafiante, provocó la indignación de un amplio sector de la ciudadanía, que consideró la actitud de los legisladores como una verdadera afrenta, al conceder más dinero a una casta de empleados estatales que ya gozaban de muchos privilegios pagados a costa del erario público, mientras la gran mayoría de los trabajadores del país siguen sometidos a salarios bajos y a condiciones laborales indignas.
La fuerza de la indignación popular, expresada principalmente a través de las redes sociales en internet, tuvo un efecto devastador en lo político. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien horas antes había argumentado que no podía recortar los aguinaldos extras por temor a una deserción masiva de funcionarios estatales al sector privado, salió a anunciar que el Poder Ejecutivo suspendía todas las bonificaciones de sus empleados y exhortaba a los demás poderes del Estado a seguir el ejemplo. El propio presidente de la República, Horacio Cartes, grabó un video explicando que el dinero que se ahorrará al cortar las gratificaciones irá a las obras sociales, olvidando que el proyecto de Presupuesto impulsado desde el Gobierno contemplaba dichos pagos extraordinarios.
Los más golpeados fueron los legisladores. Algunos admitieron el error y pidieron disculpas. Otros, como el diputado liberal Víctor Ríos, intentaron corregir su desatinada acción presentando un nuevo proyecto de ley para derogar un artículo de la Ley de Presupuesto y suspender los premios y bonificaciones, los mismos que habían aprobado. Varios senadores anunciaron que rechazarán lo resuelto por los diputados, y los propios diputados anunciaron que, cuando vuelva el proyecto a sus manos, esta vez rechazarán lo que habían aprobado.
El novelesco y lamentable episodio ha servido para reafirmar el poder de las redes sociales en internet como nueva herramienta de expresión para la protesta ciudadana, junto con los medios de comunicación. Los legisladores, y por extensión toda la clase política, no solo de los mayoritarios partidos Colorado y Liberal, sino también los de sectores que se consideran más progresistas y alternativos –como Avanza País y el Encuentro Nacional (uno de sus diputados votó a favor y otro en contra)–, nuevamente han aprendido una dura lección, por estar tan lejos de los sentimientos de aquellos a quienes dicen representar. Tendrán que aprender a sintonizar mejor con el pueblo, si no quieren sufrir un desprestigio aun mayor que todo lo que merecidamente ya experimentaron.
