La nota fue enviada, vía fax, por Emilio Cardozo quien afirma ser el abogado de Gilda Urbieta y José Calvo. Estos últimos integraban el consorcio C&C, desvinculado de las obras por falla administrativa.
“El abogado solicita un acuerdo extrajudicial para no demandarnos y pide 15 jornales por cada cliente, por lo que tendríamos que abonar a Cardozo un total de 30 jornales (G. 2.298.480) como rectificación. El citatorio es para el martes 8 de agosto”, señala una de las afectadas.
Las firmas de los pobladores formaban parte de un pedido tanto de la comunidad como de autoridades municipales y la Comisión Prorestauración al MOPC para que los profesionales mencionados y las empresas IBC y Caraguatay SA, que conformaban el consorcio separado ya no vuelvan a ser adjudicados.
Audiencia. Los afectados mantendrán una reunión hoy, a las 7.00, con el intendente, Luis Rodríguez para definir acciones a tomar.
