Tras la caída de la dictadura en 1989, los dos partidos tradicionales –fundados en 1887– demostraron una razonable preocupación por ofrecer a la ciudadanía personas capaces de ejercer con cierta solvencia responsabilidades dentro de la estructura gubernativa.
Con el correr del tiempo, a medida que la ANR y el PLRA se hicieron casi únicos dueños de la conducción del país, la mayoría de sus legisladores eran cada vez más pobres en formación académica y conducta ética.
En contrapartida, se volvieron mucho más agresivos para apoderarse de la cosa pública como si fuera un botín de su exclusiva pertenencia.
Una de las manifestaciones de esa actitud es que en el Código Electoral los partidos se autoasignaron fondos para su funcionamiento institucional. De ese modo, se asegura que el Estado les desembolse lo necesario para su supervivencia.
Yendo más lejos en la extralimitación en el uso del dinero de los contribuyentes, se otorgan a sí mismos subsidios después de la realización de cada justa electoral.
Considerando solo desde el 2008, los partidos y diversas agrupaciones políticas han recibido 100 millones de dólares. De ese monto, 70 millones han ido a parar a las arcas de los más que centenarios partidos.
El Código Electoral establece que del aporte estatal anual, el 30 por ciento, como mínimo, tiene que ser destinado a la educación de ciudadanos en los idearios, principios y valores de los partidos políticos.
Sin embargo, gran parte de los 21 millones de dólares que debieron ser empleados en formación han solventado publicidad, actividades proselitistas, viajes y pago de intereses por préstamos.
El resultado es que, hoy por hoy, los partidos tradicionales no cuentan con una camada de jóvenes capaces de sustituir a los veteranos empotrados en el poder y de renovar la política nacional con una nueva mentalidad y, por lo tanto, con una praxis ajena al clientelismo y la expoliación de los bienes públicos a favor de los intereses partidarios.
Esa falta de renovación condena al país al atraso.
Es necesario, por lo tanto, que los jóvenes de los partidos políticos de antigua data y los de reciente creación exijan que el dinero del Estado destinado a su formación sea utilizado para la formación de cuadros capaces de asumir con madurez, solvencia y responsabilidad en las distintas áreas del Gobierno.
Esta situación tiene graves consecuencias para el país, porque la calidad de los que son electos o designados para desempeñar funciones dentro de las estructuras del Gobierno cada vez es más deplorable.
Es hora de poner fin al despilfarro del dinero destinado a la educación de los jóvenes en la política.
