Los ombudsman iberoamericanos solicitan “la intervención” de los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Refugiados, el CICR y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), indicó en un comunicado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, que preside Roberto Herrera.
La FIO también exhortó a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos a fortalecer “las capacidades y recursos de que disponen para brindar apoyo y asistencia a sus connacionales” que viven en Estados Unidos, indicó el organismo hondureño.
Además pide a la CIDH que “vele porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sean observados” por las autoridades migratorias estadounidenses y se “garantice a los migrantes iberoamericanos el goce efectivo de tales prerrogativas”.
Herrera, quien es vicepresidente del Consejo Rector de la FIO, dijo que las Cancillerías deben “actuar de manera decisiva” para proteger y promover el respeto a los derechos de los migrantes ante “eventuales cambios” del gobierno de Trump en las políticas migratorias de ese país, donde viven miles de latinoamericanos en condición irregular.
El defensor del pueblo hondureño expresó su “preocupación y rechazo” a cualquier acción que pretenda “menoscabar la dignidad de las personas” y considera que cualquier diferencia debe resolverse a través del “diálogo, el respeto a las instituciones y a los derechos humanos”.
Destacó además la necesidad de que los países “atiendan las causas” de la migración irregular y generen “un entorno con condiciones de seguridad, igualdad y bienestar”.
Herrera enfatizó que todos los países miembros de Naciones Unidas tienen “la responsabilidad legal, ética y humanitaria de prevenir amenazas a los derechos humanos mediante la acción universal por la dignidad humana”.
La FIO, creada en 1995, aglutina a 104 defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de derechos humanos de 20 países de Iberoamérica.
El nuevo presidente estadounidense dijo en 2016, antes de jurar el cargo, que deportará a los inmigrantes que tienen “antecedentes penales” y reiteró su intención de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos con el fin de detener la inmigración irregular.
En Estados Unidos residen poco más de un millón de hondureños de manera legal o ilegal.
También 3 millones de guatemaltecos, 2,8 millones de salvadoreños y medio millón de nicaragüenses.
Las remesas que envían los centroamericanos a sus países de origen representan importantes porcentajes del producto interno bruto de esos estados.
