Es cierto que no están todos los que son, aunque probablemente sí son todos los que están. También se puede asumir que la divulgación de sus nombres obedece más a un intento político por aplacar la marea crítica que se instaló en la sociedad y en la prensa, con respecto a la llamada narcopolítica, luego del brutal asesinato del periodista Pablo Medina, a manos de sicarios enviados por un narcointendente municipal, el pasado 16 de octubre, en Canindeyú.
Todo eso puede ser verdad, pero no resta el valor histórico de que en una sesión plenaria del Senado paraguayo se señale públicamente a tres diputados en funciones, a un ex diputado, a una ex diputada y actual diputada del Parlasur, a un diputado suplente y a otros conocidos políticos, incluyendo a una intendenta municipal en funciones, como presuntos narcoparlamentarios, investigados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y por el Ministerio Público, al existir indicios de su participación, o de poseer conexiones con personas procesadas por operaciones ilícitas de tráfico de drogas.
No deja de ser llamativo que los nombres señalados en el informe presentado por el ex fiscal antidroga y anticorrupción, actual senador Arnaldo Giuzzio, en base a un informe en PowerPoint aportado por la Senad (en realidad, citas puntuales de algunos operativos antidrogas y de casos judicializados) solo incluya como presuntos narcoparlamentarios a políticos del Partido Colorado, cuando existen también casos conocidos que involucran a dirigentes del Partido Liberal y de otras fuerzas políticas.
Aun así, este inédito señalamiento público en el máximo recinto parlamentario no está exento de una buena dosis de coraje político por parte de quienes lo propician y marca un hito que debería ser aprovechado para avanzar en etapas de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Es muy probable que muchos de los casos que involucran a los narcoparlamentarios no puedan ser probados judicialmente. Pero la judicialización no es el único camino posible para intentar sanear la política.
Es conocido que el mayor capo narco de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, llegó a ser electo diputado y se proponía llegar a la presidencia de la República, cuando el valiente caudillo liberal Luis Carlos Galán lo señaló públicamente como narcotraficante en un discurso electoral. En represalia, Escobar mandó asesinar a Galán (y a muchos más), pero aquella denuncia le cerró para siempre los caminos al poder político y Escobar terminó acribillado en el fin de su imperio criminal.
Quizás en ese episodio colombiano exista una lección que podemos asimilar.
