Debido a sus roles simultáneos de empresarios y altos funcionarios públicos, los principales colaboradores del presidente Horacio Cartes se enfrentan a conflictos de intereses en distintas áreas. Los negocios de sus firmas privadas estuvieron vinculados directa o indirectamente con el Estado durante este Gobierno.
Uno de los casos más claros es el del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia y mano derecha de Cartes, Juan Carlos López Moreira. Tras incursionar en la búsqueda de petróleo con su firma LCH SA y ganar un contrato de prospección durante el gobierno de Fernando Lugo, en junio de 2014 pasó a ser accionista de la principal buscadora del crudo en el Chaco paraguayo: la multinacional President Energy.
En el 2015, tres empresas solicitaron al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) una ampliación del plazo del contrato para la búsqueda de petróleo en la Región Occidental. Solo President Energy fue beneficiada con la prórroga. Mientras que el MOPC afirmó que President Energy fue la única en realizar pozos y cumplir con las inversiones, la firma Crescent Global Oil desmintió esto y sostuvo que no hubo ningún incumplimiento.
Además de ser el superior directo del mismo ministro de Obras, López Moreira ostenta un cargo más desde octubre de este año, el de coordinador de la Política Energética del país.
Un detalle particular es que Emilio Buongermini fue el director de Hidrocarburos del MOPC cuando LCH ganó su contrato de prospección. A pesar de ser liberal, en el 2013 Cartes lo nombró viceministro de Energía y salió del cargo en el 2015. Desde setiembre de este año es director de President Energy Paraguay SA.
Tanto Buongermini como López Moreira sostuvieron que no hay nada irregular en todo esto. El jefe de Gabinete de Cartes afirmó que solo se configura un conflicto de interés si él toma una decisión para beneficiar a la empresa de la cual es accionista.
Por otro lado, López Moreira también posee acciones en Royal Seguros SA, una empresa creada un año antes de que Cartes asuma la presidencia y que actualmente asegura 35 obras del Estado. Si hay un incumplimiento en algunas de estas obras, el Gobierno deberá ejecutar las pólizas de la firma del jefe de Gabinete de Cartes.
AGUA. Aqua Group SA obtuvo contratos estatales por G. 6.000 millones entre 2013 y 2015, periodo en el cual uno de los asesores del presidente, Francisco Barriocanal Jiménez Gaona, era accionista de la empresa. Si bien ya era contratista antes de este Gobierno, entre el 2013 y 2015 logró triplicar su facturación al Estado.
Consultado, Barriocanal negó que él haya influido en que la firma gane contratos con el Estado. “La empresa tiene 18 años, no hay nada que esconder. Yo duermo tranquilo y asumí que eso era suficiente. Ahora, con el diario del lunes me doy cuenta de que no era suficiente, que me tenía que haber retirado (de Aqua Group SA) antes de que asuma el presidente para que no se creen estas suspicacias. Y es por eso que vendí mis acciones en el 2015", expresó.
Durante el periodo en el que él aún era accionista, Aqua Group fue adjudicada con dos contratos del MOPC, donde es ministro su primo hermano, Ramón Jiménez Gaona. Contrataciones Públicas avaló las operaciones y aseguró que lo único discutible sería la ética.
