El Gobierno paraguayo ordenó cerrar las cárceles de Tacumbú y Ciudad del Este, porque ya no tienen lugar para más presos. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez hay más presos, cada vez hay más delitos: en 2008 y 2009, había 99 presos por 100.000 habitantes; hoy son 183 por 100.000.
En las cárceles pasa lo que en el manicomio del chiste, donde pusieron el cartel: no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos; hay presos que no son delincuentes, y delincuentes que no son presos.
Sobre el tema, las Naciones Unidas han enviado una carta al Gobierno, con fecha 22 de febrero pasado, firmada por Felipe Villavicencio, de la división de prevención de la tortura.
Según la misma, la sobrepoblación penal se debe al empleo incorrecto de la prisión preventiva.
Esta, de acuerdo con el derecho internacional, debe aplicarse solo como último recurso, por tiempo limitado y para los delitos graves. En el Paraguay, sin embargo, se la aplica con demasiada frecuencia cuando corresponderían las medidas sustitutivas de prisión.
El hacinamiento de personas en lugares donde faltan los medios y el espacio para alojarlas es causa de malos tratamientos e incluso de tortura, dice la carta, que insta al Gobierno a corregir esta situación, de acuerdo con criterios universalmente aceptados.
Concuerdo con la carta, y me permito agregar una cita del escritor francés Balzac: las leyes son como la telaraña, que deja pasar a las moscas grandes y atrapa a las pequeñas.
Por una infracción menor o una suposición, una persona puede ser imputada. Un joven de 14 años, y con serios trastornos mentales, fue procesado por el robo de un gallo en Paraguarí (Abc, 11-9-14).
¡Ni los muertos se salvan! Un juez de Capiatá intimó a un difunto a presentarse en el juzgado, y lo declaró en rebeldía por desobedecerle (Abc, 27-1-15).
Como contrapartida, los vivos, los vivos de verdad, no le prestan mucha atención a la justicia. ¿Por cuánto tiempo se ha postergado la audiencia preliminar de Walter Bower? ¿Qué pasó con Víctor Bogado y otros escrachados por la ciudadanía, que siguen en sus puestos como si nada hubiera pasado?
La ley es flexible con quienes pueden pagarla, inflexible con quienes no lo pueden, como los sobrevivientes del incendio del Ycuá Bolaños, defraudados en su merecida indemnización y obligados a pagar unos abultadísimos gastos por el proceso.
En tiempos de Stroessner había dos justicias: la política y la ordinaria; los de la primera no tenían esperanza (p. e., Napoleón Ortigoza), los de la segunda tenían una chance razonable.
Hoy se terminó la política, pero la ordinaria se volvió demasiado ordinaria y demasiado cara.
La injusticia comienza en el sistema carcelario que, por supuesto, necesita mejorarse.
