“Estamos interponiendo un recurso donde queremos que se respeten los derechos políticos de los ciudadanos”, que eligieron a sus diputados con su voto en los comicios de 2011, dijo a periodistas la exlegisladora suplente de la disidencia sandinista, aliada de la opositora Bancada Partido Liberal Independiente (Bapli), Edipsia Dubón.
Los legisladores expulsados el 29 de julio pasado, que totalizan 28 (16 propietarios y 12 suplentes), también pertenecen a la Coalición Nacional por la Democracia que desde el 2015 protesta en las calles todos los miércoles para exigir elecciones libres, transparentes, incluyentes y con presencia de observadores.
A la entrega del recurso acudieron 26 de los 28 exlegisladores a presentar sus documentos de identificación para proceder con el trámite de entrega.
De no ser escuchadas sus peticiones, los exdiputados anunciaron que recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, con sede en Washington (EE.UU), para pedir apoyo, señaló el legislador opositor removido Raúl Herrera.
“Esperamos nosotros que el Estado de Nicaragua entienda que no es una isla, que no es la ley de la selva y que hay derechos que nos asisten”, dijo por su parte el también exdiputado opositor Carlos Langrand.
En una resolución, el Consejo Supremo Electoral (CSE) decidió la remoción de los 28 diputados por negarse a obedecer las órdenes del nuevo representante del Partido Liberal Independiente (PLI), Pedro Reyes, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio la personería tras quitársela al diputado opositor Eduardo Montealegre.
Los parlamentarios removidos, que pertenecían a una alianza encabezada por el PLI, argumentaron que no seguirían a Reyes porque supuestamente es un aliado del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La coalición opositora que lideraba el PLI, que tenía 24 de los 91 diputados propietarios de la Asamblea legislativa, se vio afectada por la reciente decisión de la CSJ, controlada por magistrados afines al Gobierno, que la dejó sin opciones de ir a la contienda electoral por medio de dos fallos judiciales que le retiraron su personalidad jurídica.
Los cambios en el Parlamento nicaragüense se dieron a tres meses de las elecciones generales en las que el presidente del país, Daniel Ortega, buscará su cuarto mandato y tercero consecutivo, sin la participación del principal bloque opositor.
El 6 de noviembre próximo los nicaragüenses elegirán a un nuevo presidente, un vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
