El comisionamiento es una figura legal establecida por la Ley de la Función Pública consistente en el traslado de funcionarios de una institución a otra “por razones de servicio”, tal como establece en su artículo 37, en el que agrega que “será dispuesto por la autoridad competente y deberá ser de un cargo a otro de igual o similar categoría y remuneración”.
La norma responde a un criterio muy lógico: aquellas instituciones que para el cumplimiento de sus obligaciones requieren del concurso de funcionarios capaces que responden a perfiles bien definidos y carecen de ellos, están facultadas a solicitar comisionamientos.
Es lo que suele ocurrir con empleados del Banco Central expertos en el manejo de cuentas públicas cuando empieza a funcionar una nueva secretaría de Estado: se los comisiona para poner en marcha los resortes administrativos hasta tanto sus conocimientos y prácticas sean asimilados por los que han de suplirlos al terminar su lapso de comisión.
Así ha ocurrido con la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), que se creó en virtud de la Ley de Lenguas promulgada en diciembre de 2010, y comenzó a cobrar cuerpo institucional al año siguiente.
Tergiversando el objetivo de aumentar la eficiencia de los organismos estatales incorporando personal calificado para evitar contratar a técnicos de afuera, los comisionamientos se han convertido en una perversión del esquema administrativo del Estado.
Con la obligatoria publicación en su página web de la lista de sus funcionarios y el lugar donde se desempeñan, en virtud de la Ley 5189 que acaba de entrar en vigencia, se constata que el TSJE paga mensualmente salarios por un valor de 1.000 millones de guaraníes a quienes se presume cumplen labores en otras instituciones públicas.
Se conoce igualmente, a raíz de la obligación de proveer información pública acerca de sus funcionarios, que el TSJE cuenta con 14.000 empleados de los cuales 12.000 son permanentes y 2.000 pertenecen al rubro de contratados temporales.
Con tantos funcionarios y careciendo muchos de ellos de tareas específicas –ya que no estamos ante una inminente actividad electoral–, la estrategia de traslados al Congreso, el Parlasur, la Municipalidad de Asunción, gobernaciones, ministerios y partidos políticos, obedece al descongestionamiento de su sede central y al acomodo de operadores políticos respaldados por poderosos protectores.
Lo que el sistema de comisionamiento que no responde a “razones de servicio” refleja es que hay funcionarios que sobran y, por lo tanto, debieran estar fuera de las instituciones públicas. Pagarles el sueldo constituye un despilfarro que un país tan pobre como el nuestro no puede darse el lujo de seguir tolerando.
