La tradición de la mayoría de los gobiernos municipales es que hacen muy poco en favor de comunidades o, directamente, se cruzan de brazos. Llegan al cargo más para sacar provecho personal, favoreciendo solo a familiares, amigos y correligionarios privilegiados antes que para servir a sus semejantes.
Mirando las administraciones municipales que están feneciendo se encuentran demasiadas evidencias de autoridades locales que han recibido royalties de Itaipú a lo largo de sus cinco años de gestión y sus calles y avenidas hasta hoy siguen siendo intransitables.
Tampoco han utilizado el dinero del Fonacide para mejorar el estado de las escuelas y rendir cuenta dentro de los plazos establecidos a la Contraloría General de la República.
De los ingresos provenientes del cobro del impuesto inmobiliario y de las tasas de servicios diversos no ha habido información fiable para la gente.
Si en los municipios quedan muy pocas huellas de los intendentes que se están yendo, no siempre se puede decir lo mismo con respecto a su patrimonio. Al contrario, en muchos casos, se puede ver que quienes llegaron a la Municipalidad disponiendo de discretos medios económicos, ahora, al despedirse, exhiben una prosperidad imposible de explicar si de por medio no estuvo la corrupción.
Esos intendentes llegaron al gobierno de su municipio mediante la promesa de trabajar para que todos vivan mejor. Una vez votados por la mayoría y ya administrando los recursos de la Comuna, se olvidan de sus palabras y gobiernan de acuerdo a sus intereses, no a los de las comunidades que los eligieron.
Para que en el periodo municipal que empieza esta lamentable historia no se repita, es necesario que los electores no crean que su tarea terminó el domingo pasado en los lugares de votación. Allí se dio el paso inicial, pero la tarea más relevante y de más largo aliento empieza ahora: no se puede dejar que los intendentes y concejales gobiernen sin la participación ciudadana.
Una forma de participación es que los pobladores de las comunidades se organicen en contralorías ciudadanas para fiscalizar a sus intendentes en el uso del dinero y otros recursos. Para dar mayor eficacia al control, ahora cuentan con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Transparencia Gubernamental. Los intendentes no podrán negarles información pública.
Si se considera que los órganos de control del Estado son débiles, con más razón se impone que los ciudadanos responsables se unan para fiscalizar a sus intendentes y denunciarlos si transgreden las normas. Solo así se les forzará a gobernar a favor de la gente.
