Los labriegos, nota mediante, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, la investigación del caso.
El pasado lunes, a través de una nota a la Presidencia de la República, denunciaron la supuesta irregularidad cometida por el funcionario público.
La abogada Leticia Paoli, representante legal de los campesinos, anunció que denunciarán el caso ante el Ministerio Público.
Los campesinos denuncian que Cárdenas compró en el año 2015 una fracción de la finca 231 –donada en el 2012–, en un proceso de licitación por excepción por un valor de más de G. 8.000 millones.
“Esta compra se hizo por excepción, la colonia Barbero cumple un fin social y el Indert volvió a comprar un inmueble supuestamente superpuesto a la colonia Barbero para cumplir el mismo fin social, doble fin social de un solo objeto (...)”, dice parte del escrito que se presentó el lunes en la Presidencia de la República.
Según explicó la abogada Paoli, se trata de una maniobra del Indert que se constituye en varios delitos “porque esta supuesta superposición de títulos no existe desde su origen (...)”.
Los campesinos sostienen que se violó el tratado internacional, ratificado por la Ley 4732/12, por el cual el Gobierno de Italia donó a nuestro país 17.343 hectáreas. Sostienen que la finca 231 padrón 682 sufrió “mutilaciones” por medio de una mensura del Indert “realizada entre cuatro paredes en 48 horas”, e inscripta en Registros Públicos por escritura pública de la escribana mayor de Gobierno, que reduce la superficie real de la colonia a solo 14.000 hectáreas.
