EFE
Al concluir la Cumbre del Clima de Lima (COP), con la adopción de un documento que no garantiza el acuerdo en la siguiente COP de París, EFEverde viaja a una de las zonas más sensibles al calentamiento, en el tercer país más afectado por sus consecuencias, Perú.
La cordillera Escalera, al noroeste de la amazonía andina peruana, es la esponja de agua dulce de la región de San Martín, y de gran parte de la población de un país que habita en una costa desértica.
Y el aspecto que presenta a mediados de diciembre coincide con lo que prestigiosos científicos, como Emanuel Gloor de la Universidad de Leeds, describían en un artículo publicado en Nature el pasado febrero: adelanto de la temporada de lluvia, cataratas cargadas de agua colmando riachuelos que inundan caminos y campos, y barro por todas partes.
Los modelos prevén un aumento de temperatura de más de dos grados en 2050 en esta zona del planeta, donde sus habitantes ya aprecian menos precipitaciones en los meses secos que se traducen en sequía, y lluvias “más intensas y desordenadas” de enero a marzo.
“Nunca habíamos visto correr el agua con tanta fuerza a principios de diciembre”, asegura a Efe Manuel Bernárdez, un campesino de 70 años oriundo de la zona, una parte de cuyos cafetales acabaron arrastrados por la corriente, al igual que sedimentos y otros elementos ecológicos de “la esponja”.
La ecuación se complica al tener en cuenta que San Martín es la región más afectada por la deforestación en Perú, con cerca de 27.000 hectáreas menos de bosque cada año debido al cambio de uso del suelo, el segundo factor más agravante del cambio climático en Latinoamérica, tras el humo de los coches y la industria.
Pero San Martín va camino de convertirse también en modelo de cómo Gobierno, conservacionistas, sector privado y comunidades indígenas unen fuerzas para atajar algo fundamental: la gestión del agua.
Juntos han diseñado “un mecanismo de pago por servicios ambientales”, de manera que los consumidores de agua paguen a quienes contribuyen a su conservación: las comunidades indígenas que habitan en las zonas altas de la cuenca, explica Luis Dávalos, antropólogo de la organización The Nature Conservancy (TNC) y uno de los cerebros del proyecto.
Así, si una de las ciudades más grandes de la zona, Tarapoto hay 34.000 hogares que pagan factura del agua, un sol (unos 25 céntimos de euro) de cada recibo se destinará a la conservación de la cuenca por parte de las comunidades, con lo que sumarían 34.000 soles anuales a los que se añadirán aportaciones del sector privado (agricultores, sobre todo arroceros, piscifactorías, servicios turísticos).
El dinero lo gestionará el recién creado Comité de Gestión de la Cuenca del Cumbaza, indica Martha del Castillo, directora del Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta (CEDISA).
Conservar el agua es inseparable de la preservación del bosque por eso el Gobierno ha incluido esta zona en su Programa Nacional de Conservación para Mitigar el Cambio Climático, que aspira a proteger 54 millones de hectáreas de bosque -de las 73 que posee Perú- para 2020.
“Ya hemos firmado acuerdos con seis comunidades nativas, por cada hectárea de bosque que conserven recibirán 10 soles al año, de manera que una que tenga 4.000 hectáreas recibirá 40.000 soles durante los próximos cinco años”, cuenta Karla Mendoza, coordinadora del programa en San Martín.
El pago por preservar el agua no expira pero el de manejo forestal sí “porque la idea es que esa ayuda acompañe un proceso de capacitación de esas comunidades”, expone Dávalos.
Es lo que TNC y CEDISA denominan el “Plan de Vida": una de hoja de ruta a 50 años para que la conservación se convierta en la llave del desarrollo sostenible de las comunidades nativas.
Para entender lo que significa ascendemos por un camino imposible a una de ellas, la de los quechuas de Chiriyaco, donde todo, hasta hablar con un periodista, requiere del consensuado consentimiento de todos los miembros de sus 180 familias: mayores, niños, hombres y mujeres.
Una vez logrado, el “Apu” (jefe de la tribu), Segundo Amasifuen, relata a Efe qué van a hacer para preservar las 8.030 hectáreas de bosque de su titularidad: apicultura, recuperación de semillas autóctonas (machinga, michucsi, o dale dale), repoblaciones y cultivos propios del ecosistema andino, como ciertos cítricos o cacao.
Segundo Amasifuen, así llamado por el orden que ocupa entre sus hermanos (el nombre del más joven es Octavo) insiste en que los niños escuchen las explicaciones: “Abrazamos a la posibilidad de poder conservar nuestros recursos y desarrollar nuestro plan de vida pensando en ellos, como un día nuestros abuelos pensaron en nosotros”.
