El jefe de la diplomacia paraguaya precisó que aún no se tiene una iniciativa al respecto, pero “de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos, podría darse”. Explicó que el Protocolo de Asunción Sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur, fue suscripto en el 2005 y aún no ratificado por Venezuela.
“Todo es posible”, destacó el ministro consultado respecto a si podría aplicarse este instrumento regional a Venezuela. Si bien la República Bolivariana no es parte del protocolo, los derechos humanos tienen carácter universal.
“En eso el Gobierno del presidente (Horacio) Cartes está plenamente comprometido y así lo hemos expresado en nuestro comunicado”, dijo refiriéndose a la postura que hizo pública el sábado la Cancillería Nacional con respecto a los acontecimientos en Venezuela.
Específicamente instando a al Gobierno, a la Asamblea Nacional y otros actores políticos a respetar las instituciones y los derechos humanos, y a que se inspiren en los principios democráticos de una convivencia política pacífica y ordenada.
Unasur. El canciller se desmarcó de las iniciativas adoptadas por la Secretaría General de la Unasur, a cargo del colombiano Ernesto Samper, de enviar a Caracas, como facilitadores del bloque, a los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá para reactivar un diálogo entre el Gobierno y la oposición, alrededor de la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Paz.
“Todo lo que hace el secretario general (de Unasur), lo hace por su propia autoridad”, afirmó y precisó que Paraguay no acompañó ni autorizó ningún tipo de declaración de Samper, ni la iniciativa “particular” de este de enviar a los citados ex presidentes. “Quiero que esto quede bien en claro”, independientemente de la calidad de los ex presidentes que integraron la misión a Caracas.
En un comunicado de la Secretaría General de Unasur, emitido el lunes último, la entidad llama a todos los actores internacionales “a respetar la institucionalidad democrática de Venezuela y el derecho de los venezolanos a encontrar sus propios caminos de justicia y progreso”.
