El ingeniero Julio Pallarolas, acompañado de un grupo de contribuyentes de este sector de Asunción, dijo que en el ámbito nacional fueron desoídos por el intendente Mario Ferreiro, quien aprobó la subestación aun con deficiencias, y que perdieron en la Justicia recursos de amparo, apelación e inconstitucionalidad.
Ratificó que hay muchas anomalías en la futura planta de energía, las cuales fueron presentadas ante la CIDH, con 277 firmas de posibles afectados y una de las cuestiones más preocupantes es la del daño que producen las ondas electromagnéticas en la salud de la gente.
En ese sentido, mencionó que en un censo parcial realizado en el área se pudo determinar que hay 47 personas con problemas cardiacos que usan marcapasos y otras con insertos médicos metálicos, a quienes afecta con mayor fuerza esta situación.
Por otra parte, también acotó que otra cuestión no menor es la desvalorización de las propiedades, lo que se refleja en que numerosas casas están a la venta en el barrio.
IRREGULARIDADES. Pallarolas expresó en otro momento que esta construcción fue autorizada aun cuando se demostró que desde el 2002 las ondas electromagnéticas son consideradas cancerígenas y que hubo 140 incendios en los últimos 17 años generados en estas estructuras, lo que consta en un informe arrimado a la Cámara de Senadores.
Por otra parte, también apuntó que no se tuvo en cuenta lo que señala el Decreto 10071, que advierte sobre efectos negativos que puede tener en la población, en el cual se puede agregar que en el relatorio de impacto ambiental no se mencionó que en este sector asunceno ya funcionan cuatro antenas de telefonía, que suman radioactividad.
Asimismo apuntó que no se especificó el tipo de equipamiento urbano que se levanta en el sitio, el cual por tratarse de un barrio residencial debe ser EQ1 de hasta 100 metros cuadrados, pero que en este caso es EQ2 con más de 1.700 metros cuadrados, lo que viola toda norma vigente.