Según sus promotores, esta ley protegerá a los colonos de expulsiones como las de la semana pasada en la colonia salvaje de Amona.
La ley también podría legalizar 53 colonias consideradas hasta ahora como “salvajes” y expropiar un mínimo de 800 hectáreas de tierras palestinas, según la organización Paz Ahora.
“Con esta ley el primer ministro Benjamin Netanyahu convierte el robo en la política oficial de Israel y ensucia los libros de la ley israelí”, y ello para “satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas y asegurar su propia superviviencia política”, denuncia Paz Ahora.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres “lamentó profundamente” su aprobación. “Esta ley es una contravención de la ley internacional y tendrá amplias consecuencias legales para Israel”, expresó Guterres. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, “exhortó” a Israel a suspender su aplicación.
“Espero que Israel y su gobierno reconsideren este texto y den marcha atrás”, declaró a su vez el presidente de Francia, François Hollande.
El líder laborista israelí Isaac Herzog advirtió que la ley podría llevar a algunos israelíes a ser inculpados por la Corte Penal Internacional (CPI).
La falta de reacción estadounidense contrasta con la ola de indignación pero también con las críticas a la colonización que había emitido la administración de Barack Obama. afp
