En sendas cartas dirigidas al líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, y al senador demócrata de mayor rango, Harry Reid, Lew pidió no “retrasar” el voto en la Cámara alta sobre el proyecto de ley bipartidista conocido como “Promesa”, aprobado este mes por la Cámara baja.
“El Senado debería abordar el asunto inmediatamente. Retrasarlo solo pondrá en peligro la capacidad del Congreso de terminar su trabajo antes del 1 de julio, una fecha límite crucial que los líderes de Puerto Rico llevan meses destacando”, indicó el titular del Tesoro.
El Gobierno de Puerto Rico ya ha incurrido en tres impagos en el último año, pero el más cuantioso se produciría este viernes, 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales.
Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.
“Aunque no sabemos cuáles serán todas las ramificaciones si el Congreso no actúa antes de fin de mes, lo que tenemos claro es que son los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico quienes sufrirán todavía más”, afirmó Lew.
Para el secretario del Tesoro, “no hacer nada ahora para acabar con la crisis de deuda” resultará en una situación “caótica y desorganizada con graves consecuencias” para el pueblo de la isla.
“Algunos acreedores muy bien financiados están trabajando duro para retrasar toda acción legislativa esta semana, incluso si eso va en detrimento del pueblo puertorriqueño”, denunció Lew.
“Urjo a los republicanos y los demócratas que se unan en el Senado, como lo han hecho antes, para ayudar a nuestros ciudadanos, y que envíen una ley bipartidista al despacho del presidente antes del 1 de julio”, concluyó.
La Casa Blanca ha dado su respaldo al proyecto de ley “Promesa”, que establece la creación de una junta de control fiscal sobre el Gobierno de la isla para supervisar la elaboración de los presupuestos y facilitar la reestructuración de la deuda.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, reconoció este mes que no es “una ley perfecta”, pero insistió en que se encargará de que los puertorriqueños estén representados en la junta de supervisión fiscal que creará la ley para asegurar que se respetan sus “derechos democráticos”.
El proyecto de ley ha generado críticas dentro y fuera de Puerto Rico, dado que la junta federal que crearía tendrá más poderes que el propio Ejecutivo local.
No obstante, el Gobierno de Puerto Rico ha aceptado esa junta como un mal necesario para que Washington le provea una vía legal, similar a la Ley federal de Quiebras, que le proteja de una lluvia de demandas cuando incurra en su próximo impago.
