Cuando los estudiantes de la UNA se resistían a dejar las medidas de presión lícitas a las que habían recurrido, argumentaban que se corría el riesgo de que su lucha, lentamente, fuese quedando en la nada por el transcurso del tiempo.
Cuando la Fiscalía General del Estado, con el criterio que correspondía a las circunstancias y a la magnitud de la corrupción que podría haber en la universidad financiada con dinero de los contribuyentes, nombró a 24 agentes para investigar las 12 facultades de la UNA, parecía que la voz de los alumnos que reclaman castigo a los delincuentes iba a ser escuchada con rapidez.
Si a ello se suma que la Contraloría General del Estado, con un responsable interino, designó a 17 auditores para las casas de estudios, el panorama era todavía más esperanzador.
Ese despliegue de personal quedaba ampliamente justificado, pues en las diversas facultades había graves indicios de irregularidades que requerían ser verificadas y corroboradas.
Los supuestos 170 planilleros de Medicina; los 50 de Veterinaria, que además tiene la denuncia de rubros que fueron usurpados por personas sin preparación universitaria; las probables irregularidades en la designación de docentes en Derecho; el caso de posible nepotismo en Arquitectura y la sospecha de que Ingeniería cuenta en su plantel con 30 personas que cobran de manera indebida, son algunos de los casos rastreados.
Por otro lado, en Química hay que saber si el manejo de las licitaciones se encuadró a las normas legales o si hubo algo irregular de por medio; en la Politécnica hay dudas con respecto a la honestidad del manejo de rubros docentes; y Odontología podría tener una filial fantasma de cuyos rubros se benefician los de la sede central, además de 40 planilleros.
Hay que convenir que en el contexto de un esquema montado para que las irregularidades no sean tenidas por tales conforme a los Estatutos de la UNA y en un ambiente en el que los funcionarios leales a los anteriores o actuales decanos –algunos no fueron destituidos–, pudieron haber hecho desaparecer documentos, la tarea de los fiscales y auditores no ha de ser fácil.
Sin embargo, a más de un mes de iniciado el proceso de intervención de los organismos del Estado a los que les atañen situaciones de esta naturaleza, la ciudadanía ya debió estar enterada de algunas medidas trascendentes derivadas de las investigaciones.
No hay que olvidar que los corruptos de las instituciones públicas intentan por todos los medios dilatar las investigaciones porque el tiempo transcurrido es un aliado de ellos, porque la opinión pública se va olvidando de ellos.
En lo relacionado a los estudiantes, dado que está finalizando el año de estudios, ese factor es mucho más gravitante. Por lo tanto, los fiscales y auditores tienen que apurar más sus pesquisas para que el fin del 2015 no premie con la impunidad a los delincuentes.
