Calificativos tales como inconstitucional e innecesaria fueron utilizados por los panelistas en la audiencia desarrollada ayer en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados, para estudiar el proyecto de ley de extinción de dominio, que cuenta con media sanción, y que es conocida como ley antinarcotráfico.
La ley nació durante una cumbre de los tres poderes del Estado con el objetivo de endurecer las acciones contra los narcotraficantes.
Fue presentada en la Cámara Baja por el colorado Éber Ovelar, y tuvo media sanción el 18 de diciembre pasado, en la última sesión de Diputados, días antes del receso parlamentario.
Enrique Kronawetter, uno de los que participaron como panelista en la audiencia pública de ayer, cuestionó el hecho de que la ley será retroactiva, a pesar de que el artículo 14 de la Constitución especifica que ninguna ley será retroactiva, salvo cuando favorezca al acusado.
El abogado habló también de la importancia de que la investigación tenga el carácter de imprescriptible, porque “hablamos de personas que se dedican a la política y a las empresas”, gente poderosa, agregó, que cuenta con “prestanombres, industrias blanqueadas y empresas que fueron legalizadas”.
También criticó que las modificaciones realizadas en Diputados permitieron la mezcla de temas del Código Civil y del Código Penal”, creando confusión a la hora de determinar cuál Código se utilizará en los procedimientos.
Manuel Riera, otro de los panelistas, dijo sentir pánico por la mezcla de cuestiones civiles y procesales que se da, pero advirtió que el mayor peligro constituye el poder excesivo que se le dará al Estado si se aprueba el proyecto.
Advirtió que se podrán dar excesos por parte del Estado, a la hora de administrar los bienes que les serán confiscados a las personas investigadas.
Especificó que con la ley de extinción de derecho “vamos a extinguir el derecho a la propiedad privada, sobre la cual se basa todo el sistema democrático”.
El senador del Frente Guasu, Miguel López Perito, expresó que el proyecto de ley “tiene olor a hipocresía”. Habló de un “sistema estatal comprometido con la ilegalidad y el narcotráfico”.
Por su parte, el ex procurador Enrique García manifestó su preocupación porque la gente encargada de la investigación, y que manejará esta ley, “el Ministerio Público y los organismos de seguridad, no ofrecen credibilidad”.
Narcos dan dinero. Darío Acosta, un campesino de Curuguaty que participó en la audiencia, criticó la falta del Estado que lleva a los campesinos a cultivar marihuana, como único recurso. Dijo que escuchó mucho sobre la defensa de la propiedad privada, pero se niegan tierras a los campesinos. Afirmó que los narcos dieron dinero a muchos de quienes ahora son intendentes, senadores o diputados.