Dentro de aproximadamente dos semanas, la Cámara de Senadores interpelará a la ministra de Educación, Marta Lafuente, por el caso del denominado cocido de oro, que se conoció tras una investigación periodística de Última Hora sobre los elevados precios que dicha secretaría de Estado había aceptado pagar por servicios de gastronomía, que incluían dos litros de cocido a G. 80.000 o botellitas de agua a G. 10.000.
Es plausible que los legisladores tomen la iniciativa de convocar y exigir cuentas a la ministra por el evidente derroche de fondos públicos, que ha despertado mucha indignación en la ciudadanía, especialmente cuando cuestiones más prioritarias que tienen que ver con la calidad de la educación no son atendidas adecuadamente. Es lo que se espera de los representantes en el Parlamento, que sean celosos custodios de los recursos del dinero del pueblo.
Sin embargo, para tener autoridad en una interpelación de este tipo, los legisladores también deben dar ejemplo de austeridad y de buena administración de los recursos estatales, algo que no se cumple en la práctica.
Una reciente publicación de Última Hora revela que los miembros de la Cámara de Diputados, al igual que los de la Cámara de Senadores, disponen mensualmente de G. 5.500.000 en cupos de combustible, suma que es aún mayor para los líderes de bancadas, presidentes y vicepresidentes de cada organismo. Esta suma permite adquirir 1.172 litros de diésel, que permite recorrer como promedio unos 7.813 kilómetros al mes.
Los legisladores parlasurianos tienen similares privilegios, aunque con G. 1 millón menos.
El cálculo realizado con el medidor de distancia de Google establece que, con el cupo de combustible que tienen asignado, cada legislador puede realizar un viaje en sus vehículos hasta Nueva York, Estados Unidos (distante a 7.532 kilómetros de Asunción) o hacer tres viajes de ida y vuelta al mes hasta Buenos Aires, Argentina.
Es solamente uno de los tantos privilegios de que disponen los legisladores paraguayos, que para el presupuesto de 2016 en el rubro de los combustibles dispusieron un aumento de G. 2.000 millones en Diputados.
El rigor con el que los legisladores se disponen a interpelar a la ministra de Educación por el derroche de fondos en el caso del cocido de oro, como además acostumbran hacer en otros casos denunciados en la administración pública, pierde seriedad al demostrarse cuánto gastan y dilapidan los propios miembros del Congreso. Sería bueno que, para exigir austeridad, empiecen por dar el ejemplo.