Riera asegura que se trata de un excedente privado y no fiscal, como afirma el Indert, porque las 2.491 hectáreas se desprenden de los títulos originales que poseían los antiguos dueños de las tierras.
Según explicó, el excedente se encontraba perdido dentro de 83.000 hectáreas que el Estado le transfirió a Bernardino Caballero en 1889. Posteriormente las tierras pasaron a una firma llamada Bosques y Yerbales de Lima.
“Ese excedente es privado, no es público y el Indert no demostró que fuera excedente fiscal”, agrega.
Riera afirma que los propios agrimensores reconocen que debido a errores cometidos en mensuras anteriores se perdieron 40.000 hectáreas que nunca fueron ubicadas. “Ahí está, no son del Estado”, agrega e insiste en que el excedente son bolsones de tierra que provienen de una propiedad mayor que tenía dueños.
Riera admite que la sentencia de Neri Joel Kunzle, que halló el excedente dentro de la propiedad de la agroganadera, es “rara y confusa”.
“El juez se equivocó, tenía que haber declarado que no era fiscal, el juez tenía la obligación de declarar que no era fiscal”, añade.
Al preguntársele cómo es que una demanda por usucapión finalizó en apenas siete meses, Riera encuentra una respuesta, como todo abogado: “Es que nadie se defendió y no hubo conflicto. Salvo Peralta (Carlos, abogado del Indert que lleva adelante el caso en tribunales) y su equipo, nadie tiene interés, si esas tierras están ocupadas por Aguaray SA de toda la vida”.
Riera se hizo cargo de la defensa de la agroganadera luego de que se dictara la sentencia de usucapión.