Mientras numerosos ciudadanos aguardaban afuera el tratamiento de importantes proyectos legislativos, como la ley de control del financiamiento político o la de desbloqueo de la listas sábana para las elecciones, o que se resuelvan cuestiones decisivas, como la posible intervención de la Municipalidad de Lambaré, la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, prevista para el miércoles último, no se pudo llevar a cabo, debido al clima de internismo y de peleas políticas que se ha desatado al interior del Partido Colorado (y que afecta también a otras fuerzas políticas) ante los próximos comicios internos y generales.
Esta vez, los legisladores estaban más preocupados de que se produzca una especie de “golpe de Estado” interno, para sacar del cargo al actual presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, y al representante legislativo ante el Consejo de la Magistratura, diputado Julio Javier Ríos.
Las especulaciones apuntaban a que el sector del oficialismo colorado que responde al movimiento Honor Colorado, liderado por el presidente de la República, Horacio Cartes, estaban buscando los votos para destituir a ambos políticos, que responden al sector disidente de la ANR, el movimiento Colorado Añetete.
Ocupados en la tarea de conseguir los votos necesarios, los legisladores no acudieron a tiempo a la sala, ante lo cual Velázquez decidió suspender la sesión por falta de quórum, congelando de ese modo la amenaza de su remoción, pero también los muchos temas pendientes, de interés ciudadano.
Lo lamentable es que esta lucha de poderes y de pujas entre bandos acaba afectando a la marcha institucional del país y perjudicando a la propia ciudadanía. Ya había ocurrido lo mismo en el tiempo en que se mantuvo el conflicto político ante el intento del mismo sector cartista, aliado al sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico y a los legisladores del Frente Guasu, liderados por el ex presidente Fernando Lugo, de forzar las normas institucionales para imponer la enmienda de la Constitución y aprobar la reelección, lo cual finalmente tuvo que desecharse ante las protestas ciudadanas.
Durante varios meses, los legisladores y principales dirigentes estuvieron más ocupados en sus tareas de conspiración y descuidaron muchos asuntos importantes, que exigían pronta resolución. Se esperaba que tras el final del conflicto por la enmienda, la marcha institucional del país vuelva a la normalidad, pero nuevamente se están postergando acciones por el internismo electoral, que recién está comenzando.
Las ambiciones de poder no deben llevar a relegar la marcha del país. Los ciudadanos deben tener en cuenta estas actitudes a la hora de votar.
