Finalmente, a pesar de la insistencia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, en defender el proceso de adjudicación de las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi ante los muchos cuestionamientos, todo parece indicar que el proyecto deberá ser cancelado e iniciado de nuevo.
Ante la ratificación de la Contraloría General de la República en su dictamen, que recomienda cancelar la adjudicación del proyecto de ampliación del Aeropuerto al consorcio de empresas Sacyr-Agunsa (procedentes de España y Chile), por diversas irregularidades detectadas, aunque el MOPC todavía no ha emitido ninguna resolución al respecto, el ministro Jiménez Gaona ya ha indicado que habrá que “seguir esperando” por las obras, dando a entender que finalmente acatará las directivas del órgano contralor.
Es lo más sensato, ante el clima de sospechas que se ha instaurado en torno a la adjudicación de esta y otras obras públicas. Ya en el caso de la primera adjudicación por la modalidad de la alianza público-privada, acerca de la ampliación de la ruta 7, se había cuestionado mucho que una de las empresas adjudicadas tenga como accionista al padre del actual ministro Jiménez Gaona.
También existen acusaciones e incluso planteamientos judiciales acerca de las deficiencias técnicas detectadas en la construcción del llamado superviaducto de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco, y ahora los directivos de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y de la Cámara Vial Paraguay (Cavialpa) denuncian que el pliego de licitación para la construcción del asfaltado de la ruta Alberdi-Pilar, de 96 kilómetros, se ha preparado para que solamente lo pueda ganar una empresa extranjera, perjudicando a las constructoras nacionales.
En este clima de denuncias, acusaciones y sospechas acerca de las obras públicas, es importante garantizar la transparencia de los procesos. Muchas obras son urgentes y necesarias, pero deben ser realizadas con absoluta legalidad, ya que involucran fondos y recursos que pertenecen a todos.
Por más que la capital del Paraguay requiere contar con una mejor terminal aérea, que permita una mayor conectividad con el resto del mundo, cuando existen sospechas de irregularidades, como las que se esgrimen en torno a la licitación de las obras, lo más conveniente es suspender el proceso e iniciar todo de nuevo.
Aunque haya que esperar más tiempo para contar con un aeropuerto acorde a las necesidades, la garantía de saber en qué se gasta hasta el último guaraní del dinero público bien lo vale.
