“Yo veo como una obra de arte este proceso, porque no tiene ningún tipo de fisuras legales”, con la presencia de la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía y representantes de las víctimas, dijo Díaz, juez de Paz de Meanguera (este), a la prensa.
Detalló que durante las primeras excavaciones, que iniciaron el pasado 14 de noviembre, no se han dado “discrepancias” entre las partes, como en 2015, cuando ordenó la suspensión de las exhumaciones por prácticas “revictimizantes” de las autoridades.
“Se está trabajando en equipo, no hay problemas en este momento, no hay discrepancias como surgieron con anterioridad” porque los participantes son “personas especializadas en el derecho internacional de los derechos humanos”, acotó.
Díaz aseguró que los restos, “peritajes de ADN y balísticos”, obtenidos en las exhumaciones, serán entregados a la Fiscalía, que decidirá si las utiliza como pruebas en el proceso penal reabierto recientemente.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, del departamento occidental de Morazán, a unos 22 kilómetros del lugar donde se perpetró la masacre, ordenó la “reapertura de este proceso penal” y anuló el sobreseimiento dictado en 1993.
El caso se retomó tras la anulación de la Ley de Amnistía General, decretada por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio del año en curso, lo que permitió de nuevo los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de elite Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
Desde 1992, han sido recuperados los restos de 400 personas que murieron allí.
Durante los doce años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000.
Las exhumaciones, encabezadas por 3 miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se extenderán hasta el próximo 9 de diciembre y abarcarán 11 lugares distintos en el perímetro donde se cometió la masacre.