EFE
El desenlace de los próximos comicios, sea quién sea el elegido, tendrá un resultado “significativo” y “duradero” en el Tribunal Supremo, según la profesora Laura E. Little, de la escuela de Derecho de la Universidad del Temple, en Filadelfia.
La razón es que el próximo inquilino de la Casa Blanca tendrá el poder de elegir no solo al sustituto del juez conservador Antonin Scalia, fallecido de manera inesperada en febrero y aún no reemplazado, sino también posiblemente el relevo de algunos de los ancianos magistrados que componen el alto tribunal.
Cuando en enero de 2017 tome posesión la demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump, tres jueces tendrán más de 78 años, la edad media con la que los magistrados del Tribunal Supremo han colgado la toga desde 1960.
Según los expertos, los tres jueces con mayor probabilidad de dejar su cargo son el conservador Anthony Kennedy, de 80 años; el liberal Stephen Breyer, de 78, y la progresista Ruth Bader Ginsburg, de 83 años y que hace unos meses protagonizó una gran polémica al llamar “farsante” a Trump, aunque luego se retractó.
El Supremo, que debe estar formado por nueve jueces, ha mantenido una mayoría conservadora desde 1972, momento en el que el presidente republicano Richard Nixon (1969-1974) nominó a su cuarto juez y frenó la revolución social que había cobrado fuerza en la corte con fallos a favor de los sindicatos y contra la discriminación racial.
Si Hillary Clinton gana las elecciones, el Tribunal Supremo podría estar compuesto por primera vez en décadas por una mayoría progresista y eso ha desencadenado el terror de la derecha conservadora, opuesta al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto y defensora del derecho a portar armas.
Por su parte, Trump ha prometido que si llega a la Casa Blanca nombrará solo a jueces contrarios al aborto, un compromiso que le sirvió para zanjar las críticas de quienes no le consideraban “suficientemente conservador” por sus anteriores posturas a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo.
Para llenar la vacante del conservador Scalia, el presidente de EEUU, Barack Obama, ya nominó al juez Merrick Garland, una figura moderada y a quien la mayoría republicana del Senado no ha concedido ni una audiencia, marcando un tiempo récord de 199 días en el que el nombramiento ha permanecido bloqueado.
Los republicanos del Senado han insistido una y otra vez en que debe ser el próximo presidente el que escoja al nuevo juez del Supremo después de asumir el poder en enero de 2017.
Precisamente, el bloqueo para nombrar a Garland podría pasar factura en las urnas a los republicanos del Senado, a los que los demócratas han llamado “irresponsables” y “obstruccionistas” y con lo que esperan ahora recuperar la mayoría de la Cámara alta que perdieron en las elecciones legislativas de 2014.
Pero la importancia del Tribunal Supremo como tercera rama del poder en Estados Unidos podría salir a escena antes de lo esperado.
Si Trump y Clinton quedan más igualados de lo esperado en las elecciones de noviembre podría repetirse un escenario como el del año 2000, cuando el Tribunal Supremo puso fin a un interminable recuento de votos en Florida y dio por buena la victoria del republicano George W. Bush frente al demócrata Al Gore.
Entonces, el alto tribunal decidió sobre la Presidencia del país aferrándose a unas marcadas líneas ideológicas.
Esas mismas diferencias podrían influir en el futuro rostro de Estados Unidos con sentencias en asuntos tan importantes como el aborto, la reforma sanitaria de Obama, la financiación de campañas políticas, el derecho al voto y las políticas de discriminación positiva en favor de las minorías negra e hispana.
En concreto, según los analistas, un Supremo con una mayoría de jueces progresistas podría limitar la pena de muerte, que el alto tribunal restableció en 1976 pero que, desde entonces, ha sido suspendida en un número creciente de estados.
Desde que murió Scalia en febrero, el poderoso grupo de presión de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha alertado sobre el peligro de que Clinton “deje indefensos” a los estadounidenses al elegir a jueces decididos a acabar con el derecho a portar armas, protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución.
Sin embargo, los expertos coinciden en que el Tribunal Supremo no ha tomado ninguna decisión que indique que una mayoría de jueces progresistas acabaría con el derecho a portar armas.
Con aspiraciones de imparcialidad, el Tribunal Supremo ha tratado siempre de separarse de las otras ramas políticas del poder, aunque en esta ocasión parece que no le queda más remedio que aceptar que su destino se decide en las urnas y está unido al de la Casa Blanca y el Congreso.
