Que un parlamentario ubique a sus familiares en el Congreso o en alguna institución pública, a través del tráfico de influencia, ya no es novedad. Todos los días aparecen nuevos casos que reconfirman una práctica habitual de los que utilizan su poder para colocar a sus allegados en la función pública.
Los dos últimos episodios aparecidos ante la opinión pública se han concretado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), donde un ministro se ha convertido en gestor activo del despilfarro, por ser la vía de ingreso de funcionarios que muchas veces ni siquiera acuden a la institución o, y los otros, por su silencio cómplice al no denunciar las irregularidades.
Uno de ellos es el que involucra al diputado Gustavo Cardozo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien colocó en la nómina de asalariados del TSJE a su esposa Ingrid Engelwart, a su cuñada Ema Engelwart y a su sobrina Violeta Martínez Cardozo. Las tres, con 12 sueldos más un aguinaldo, le cuestan a los que pagan sus impuestos 250 millones de guaraníes al año.
En el colmo del descaro, la cónyuge del legislador del Alto Paraná –el más rabonero del periodo parlamentario anterior y el de más baja producción en presentación de proyectos de ley– fue comisionada a la oficina de su esposo en el Congreso... donde este le firma su asistencia. Es decir, su inasistencia.
“Yo las recomendé”, confirmó Cardozo al referirse a su consorte y a su parentela, al tiempo de indicar que “antes era más fácil”. Sin vergüenza alguna confesó que usó su investidura de legislador para restar fondos a salud, educación, vivienda, infraestructura vial y otras necesidades de la población.
El otro caso es el del secretario del ministro Alberto Ramírez Zambonini, Víctor Báez Alfonso, quien ubicó en el TSJE a su esposa Johana Repol, quien estudia Nutrición en una universidad privada, de 8.00 a 12.00, figurando incluso que en esas condiciones hace horas extras.
Además de su pareja, el padrastro de esta, su cuñado y la esposa de su cuñado también desangran al Paraguay cobrando salarios en la Justicia Electoral.
Por lo que se ve, Cardozo y Báez Alfonso no solo usaron su influencia para que sus allegados cobren salarios, sino que también consiguieron la complicidad de los ministros del TSJE para obtener mayores ventajas aún.
Las denuncias sobre situaciones de esta naturaleza caen en saco roto si es que la Justicia no investiga los casos, establece responsabilidades y sanciona a los culpables.
Es necesario que el país crezca en transparencia, honestidad y mejor uso de los recursos del Estado. De lo contrario, los caraduras con poder van a seguir burlándose, para concretar sus abusos, de los que pagan sus impuestos.
