La Corte Suprema de Justicia abrió un proceso administrativo a tres abogados denunciados por la Fiscalía, por supuestamente trabar con chicanas la investigación al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Los abogados son: Osvaldo Bittar, José Domingo Almada y Fátima Jacqueline Méndez Báez, y fueron denunciados ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema en noviembre del año pasado por el fiscal general del Estado porque “buscaron afanosamente, por todos los medios posibles, entorpecer la actividad investigativa”.
De acuerdo con los antecedentes, a pocas horas de que la Fiscalía abriera una investigación a los presuntos planilleros del TSJE –la investigación periodística fue iniciada por ÚH– los abogados Almada y Bittar, como patrocinantes de las investigadas Clara Haydée Silveira de Radice, su hermana Gloria y su madre, Ana Arza, recusaron a un total de 14 fiscales en menos de 48 horas, por su supuesta falta de objetividad. Después de ese recurso, una vez que la recusación fue rechazada por el fiscal general, la abogada Fátima Méndez impugnó la resolución ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Meses después, la impugnación también fue rechazada.
Desde octubre del pasado año, Última Hora vino publicando una investigación sobre irregularidades en el Tribunal Superior Electoral, por presencia de presuntos planilleros, salarios privilegiados para el círculo de amigos y familiares de un cercano amigo del ministro Ramírez Zambonini, y otras denuncias más.
La Fiscalía General procesó al ministro Ramírez Zambonini, así como a otros funcionarios de la institución: Clara Haydée Silveira Arza, María Gloria Silveira Arza, Ana Catalina Arza y Luis María López Benítez, por los delitos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso. También imputó a Mayra Abdo Benítez, por cobro indebido de honorarios; Modesto Núñez, Víctor Báez Alfonso, María Isabel Quintana Ríos y Manuel Radice Zárate, quienes son indagados por los delitos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso. En el mismo proceso fueron incluidos la ex diputada de Avanza País, Karina Rodríguez, y su asesor español en la Cámara de Diputados, Lino Xavier Valencia.
La decisión de la Superintendencia de la Corte Suprema es un atisbo de esperanza en medio de la maraña de chicanerías con que los abogados de los procesados por diversos casos de presunta corrupción marean a la Justicia.
En el caso TSJE no es el único en el que –por el momento– viene ganando la impunidad. Pero la Corte Suprema de Justicia puede darle al país un ejemplo que haga posible que los casos no queden en el tan impopular oparei.
El abuso de los recursos procesales tiene el exclusivo objetivo de dilatar o extinguir juicios, y mientras eso siga sucediendo, en el Paraguay seguirán triunfando la impunidad y la injusticia.
