La Fuerza Sindical, la segunda mayor central obrera del país y que es próxima al Gobierno, repudió la medida y señaló este sábado en un comunicado que el Ejecutivo cometió “un grave error” al sancionar la ley que había sido aprobada el último 22 de marzo por el Congreso.
El presidente de la Fuerza Sindical y diputado aliado, Paulo Pereira da Silva, calificó como “nefasto” el proyecto de ley para los trabajadores y recalcó que “disminuye derechos y le quita el reglamento a las convenciones colectivas”.
En la misiva, la Fuerza Sindical convocó a los movimientos obreros para participar del paro nacional programado para el 28 de abril y liderado por la Central Única de Trabajadores (CUT), la mayor del país, brazo del Partido de los Trabajadores (PT), ahora en la oposición.
La CUT lideró las movilizaciones del viernes en varias ciudades del país contra la reforma de las pensiones y jubilaciones y en el que el rechazo a la ley de tercerización también fue puesto de manifiesto en las protestas.
No obstante, el mismo viernes, Temer sancionó la medida que ya contaba con el visto bueno del Senado y que en la Cámara de Diputados fue aprobada por 231 votos a favor, 188 en contra y ocho abstenciones, a pesar de la fuerte presión ejercida por los congresistas de la oposición encabezados por el PT.
La tercerización en Brasil era autorizada para actividades no específicas de las empresas contratistas, como limpieza, transporte y seguridad, pero el nuevo proyecto autoriza a las compañías a contratar hasta para la actividad final que ejecutan.
De esa forma, una escuela podrá a partir de ahora subcontratar tanto el servicio de limpieza y alimentación como el de los profesores, que serían remunerados por la empresa tercerizada.
Las patronales y los diputados de la base del Gobierno alegan que la medida ayudará a crear empleos y modernizará las relaciones con los trabajadores.
El proyecto de tercerización fue resucitado después de haber sido remitido al Congreso en 1998, durante el Gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y que permaneció paralizado la última década.
Cuando el Congreso aprobó la iniciativa, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, del PT, afirmó que Brasil sufrió un nuevo golpe.
“Es una ley perversa que genera un escenario gravísimo pues permite la tercerización total de la fuerza de trabajo. A partir de ahora esa ley permite que las empresas no tengan ni un empleado propio y que subcontraten toda su mano de obra”, sostuvo Rousseff.
El juez del Trabajo y profesor del Centro Preparatorio Jurídico (CPJur), Mauricio Simões, dijo a Efe que la ley de la tercerización es un factor “peor” que la reforma de la previsión social y la definió como “una precarización máxima para la precarización del trabajo”.
“Es una falacia que (la tercerización) creará empleo. Lo que crea empleo es el estímulo para los sectores, la industria, el comercio, el turismo. Si la plaza de trabajo ya existe es porque los sectores necesitan de ella y no es una empresa intermediaria la que generará esa plaza”, apuntó el especialista.
Simões indicó que ahora un trabajador de “3.000" será cambiado por tres de “1.000", en una acción de “abaratar” la mano de obra, pero que afecta la “formación” técnica, atenta contra la falta de seguro en el trabajo.
“La experiencia de Brasil en el tema de tercerización solo demuestra que conseguimos volver precaria la clase trabajadora”, subrayó el juez del Tribunal del Trabajo, para quien el Gobierno debería estar ocupado en otros asuntos como la reforma tributaria, modernización de puertos y estimulación verdadera del empleo.
En la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde participa del Congreso de la Asociación Brasileña de Comerciantes de Shopping, el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, dijo que no veía pérdida de los derechos laborales en la ley sancionada por Temer y que la misma beneficiará a los trabajadores informales.
De acuerdo con Nogueira, Temer vetó algunos artículos de la ley que atentaban contra derechos adquiridos, como la posibilidad de prorrogar los contratos temporales hasta 270 días y el de salarios equivalentes de los amparados con los de los trabajadores no tercerizados.
