Las prácticas irresponsables de ciertas universidades e institutos superiores revelan que son solamente infraestructuras montadas para el lucro, sin importar los medios ni instituciones al servicio de la ciudadanía que se proponen actuar en un marco jurídico y de respeto a las personas que acuden a sus aulas para obtener un título que les pueda ayudar a insertarse con solvencia en una profesión.
De haber sido conscientes de su responsabilidad y respetuosos del ordenamiento jurídico vigente en materia de educación de nivel terciario, antes de abrir sus carreras, se hubieran ocupado de poner en regla sus papeles.
La ley establece que no se puede habilitar ninguna carrera antes de que la instancia institucional correspondiente del Estado –Consejo de Universidades antes, Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), ahora– emita, en un acto de corte administrativo, la anuencia formal para que funcione oficialmente.
La permisividad y la anarquía que reinaron desde la vigencia de la Ley 2529, de 2006, hizo, sin embargo, que las instituciones habilitaran carreras a mansalva por su cuenta y riesgo. El pensamiento subyacente en esa actitud era que en algún momento de la duración del aprendizaje iban a cumplirse los requisitos.
Esta es, no obstante, la hora en que el 46 por ciento de las carreras no cuentan con el respaldo de la habilitación legal. Quiere decir que los estudiantes incursos en esta situación se exponen a quedar sin nada al final de su formación académica, porque las instituciones que les cobran la cuota puntualmente no se han adecuado a las normas vigentes.
Ante esta realidad preocupante –porque están en juego la formación y la ilusión de miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país–, es necesario que las universidades y los institutos se pongan al día en sus obligaciones. El plazo que les otorga la ley vigente vence dentro de 10 meses.
La gran responsabilidad de cambiar el actual estado de cosas está en manos del Cones. Este tropieza, sin embargo, con una limitación grave, atendiendo al gran compromiso que tiene: carece de recursos económicos para contratar la cantidad suficiente de personal que lleve adelante los trabajos que le compete. Así como hoy está, mal puede cumplir a cabalidad sus obligaciones establecidas en la Ley 4995, que está en vigencia desde el año pasado.
Las irregularidades que a diario aparecen en la educación universitaria muestran lo profunda que es la crisis en el sector. A la ausencia de calidad en los contenidos que se imparten a los estudiantes, se añaden las irregularidades administrativas. Por lo tanto, urge apurar los procesos para que en algunos años el sector esté saneado y las instituciones funcionen como debieran.
