El caso más reciente se dio en el colegio privado subvencionado San Pablo del barrio capitalino homónimo, donde una madre denunció discriminación a su hijo de cinco años luego de una evaluación para admitirlo en el preescolar.
Para Diana Elizeche, del Área de Educación Inclusiva de la Fundación Saraki –entidad que trabajó con el MEC en la propuesta de la normativa–, los hechos persisten porque no se hacen trabajos de sensibilización con docentes y padres de familia.
“La ley está y es bastante completa, incluso reconocida por organizaciones de cooperación internacional”, aseguró Elizeche.
Agregó que hace falta un “trabajo de hormiga” para que docentes, estudiantes y los padres entiendan sobre la inclusión y no rechacen a una familia solo porque el chico tiene alguna discapacidad, es extranjero o de otras condiciones. “Esto se tiene que analizar y discutir, con solo la ley no basta”, aseveró.
El caso. Sobre lo ocurrido en San Pablo, el abogado de Niñez de la cartera educativa, Seber Fernández, dijo que hoy se toma otra evaluación al alumno, esta vez con observadores de la entidad.
“También hay un problema de cupos en la institución”, comentó.
