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Sucesos
sábado 30 de julio de 2016, 01:00

“Lamentablemente no es reprochable, pero es una mala práctica”, dice jueza

Jarvis Chimenes Pavão, tras su escandaloso traslado a la Agrupación Especializada, aparece como el mayor benefactor de Tacumbú, al haber aportado al penal desde instalaciones eléctricas hasta edificaciones. “Lamentablemente no es reprochable, si hablamos legalmente, pero socialmente, sí. Sin embargo, todo está mal. Suplir la tarea de instituciones del Estado está mal, desde el vamos está mal”, declaró ayer la jueza de Ejecución, Lourdes Scura, sobre la celda vip del presunto capo narco y todo el “trabajo social” y “solidario” que imprimió en la penitenciaría, según su defensora, Laura Casuso.

“Brindar ayuda de esa manera, necesariamente necesitará luego de una prebenda. Uno no lo hace por bueno nomás. En el fondo está mal, porque nada está reglamentado y lo hecho no tiene una justificación”, insistió la jueza. Consideró que hay mucho por corregir y no solo en el ámbito penitenciario, sino en todos los ámbitos.

“Legalmente está dentro del sistema esta práctica. Empecemos mencionando la medida que se da a un infractor para resarcir el daño causado a la sociedad. Se le impone donar papel higiénico, arreglar bibliotecas, reparar estructuras. En ese sentido, consideramos que esta práctica está dentro del sistema. Pero cuando vemos una situación así (caso Pavão) nos rasgamos las vestiduras, pero es una práctica común”, expresó la jueza, quien asegura que en este país primero se hacen las leyes y luego se analiza el medio. Refiere que para la realización de obras y tareas que corresponden al Estado y las instituciones no deben permitirse que se realice sin una reglamentación y justificación adecuada. La jueza considera que las medidas que se otorgan para resarcir los daños generan vicios y malas prácticas.

Por su parte, la abogada Casuso defendió a su cliente ante las críticas tras la difusión en los medios de la lujosa vida que llevaba el brasileño en la Penitenciaría de Tacumbú.

Casuso afirmó que su defendido financió obras “que benefician al Estado”, ya que ayudó a un sector a salir de las condiciones infrahumanas en las que vivían anteriormente.

En ese sentido, aseguró que el encargado de despacho del ministerio de Justicia, Éver Martínez, sabía quién financió las obras, pese a que él negó tener conocimiento de que detrás de las inversiones estaba el reo Jarvis Chimenes Pavão.

DENUNCIA. La ex ministra de Justicia, Sheila Abed, presentó una denuncia el 26 de julio del año pasado ante al Ministerio Público. Abed confirmaba serias irregularidades registradas en la Penitenciaría de Tacumbú, como internos que pagan por recibir privilegios y comodidades, así como funcionarios que también ofrecen esos beneficios.

La fiscala que debía indagar el caso es Alicia Sapriza, pero aparentemente no avanzó la pesquisa sobre la realidad en el penal de Tacumbú.