Es prácticamente la reiteración de una solicitud que hicieron los campesinos ya en el año 2014.
“Con mucho dolor vemos que no se ha asumido con la seriedad necesaria nuestra solicitud y en las actuales negociaciones con las autoridades del Indert por el conflicto de Guahory”, reza parte del escrito dirigido al procurador Roberto Moreno.
En la nota, los campesinos manifiestan que tanto el presidente del Indert, Justo Cárdenas, como el asesor jurídico de esa institución, Eligio Vargas, señalan que la Procuraduría es la que tiene legitimidad activa para accionar.
De acuerdo con la misiva, tampoco el Indert designó un enlace para una tarea conjunta con la Procuraduría, pese a los insistentes reclamos.
“Creemos que nuestra denuncia la asumimos de manera patriótica, aspecto que no ha tenido su equivalente en funcionarios del propio Ejecutivo, que deberían ser los primeros en precautelar los bienes de la patria (...)”, dice otra parte del documento.
“Queremos recuperar la colonia Guahory y las aledañas para sus verdaderos fines de la Reforma Agraria, para lo cual había sido comprada”, agrega.
En la nota, los campesinos citan 22 títulos de propiedad, que deberían ser atacados judicialmente, entre ellos se encuentran los otorgados a los familiares del cuestionado funcionario del Indert, Julián Armando Díaz Solís.
Varios campesinos están apostados en Asunción, aguardando una solución a la problemática de tierras en la colonia Guahory. Más de 200 familias campesinas fueron desalojadas el pasado 15 de setiembre en la mencionada colonia.