Las estadísticas de violencia de los últimos meses volvieron a los niveles anteriores a los de la entrada en vigor de la política que la gobernación de Río de Janeiro diseñó hace una década para “pacificar” las favelas que eran controladas por narcotraficantes antes de los Juegos Olímpicos que la ciudad organizó en agosto.
“Lo que está ocurriendo ahora es simplemente la cara más visible de un proceso en curso desde 2013, cuando comenzó el deterioro progresivo de la seguridad en Río. La situación comenzó a agravarse hace un buen tiempo”, explicó a Efe el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).
La mayor crisis en seguridad en diez años en la ciudad más emblemática de Brasil quedó en evidencia esta semana cuando una banda de narcotraficantes invadió una favela controlada por rivales y convirtió a Río en una ciudad literalmente en llamas.
En la madrugada del martes, tras recibir órdenes de un jefe de la mafia conocida como Comando Vermelho desde una prisión de alta seguridad, unos 130 pistoleros invadieron la favela Cidade Alta, en donde el tráfico de drogas es controlado por una banda rival.
Para dificultar la reacción de la Policía y facilitar la fuga, el Comando Vermelho también ordenó el incendio de vehículos en la Avenida Brasil, una de las principales vías de la ciudad, lo que fue rápidamente obedecido por decenas de habitantes de favelas vecinas, que saquearon e incendiaron nueve autobuses y dos camiones.
La invasión terminó con tres muertos, 45 pistoleros detenidos y 32 fusiles de guerra decomisados, un arsenal inédito.
Un día después cinco personas murieron en un enfrentamiento en el Complexo do Alemao, un conjunto de favelas que se convirtió en símbolo de la política de pacificación porque fue recuperado por las autoridades tras haber estado controlado por criminales por décadas.
El Complexo do Alemao, con 40.000 habitantes, era el principal fortín del Comando Vermelho hasta su “pacificación” en noviembre de 2010, cuando el Ejército y la Policía tomaron el conjunto con la ayuda de tanques y helicópteros. Pese a que la Policía instaló desde entonces varios cuarteles para garantizar la seguridad, las bandas de traficantes y sus pistoleros volvieron a actuar impunemente.
El Alemao es considerado como la mayor evidencia del fracaso de la “pacificación”, la política de seguridad que permitió la instalación de puestos permanentes de Policía en decenas de favelas antes controladas por bandas de narcotraficantes; que redujo significativamente los homicidios pero que perdió sus efectos.
“Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) mostraron que hay una forma diferente de tratar la seguridad y que se pueden obtener éxitos en la lucha contra la violencia. Pese al deterioro, en general estamos mejor que hace diez años, cuando se pensaba que la única forma de tratarla era con el enfrentamiento directo”, asegura Cano.
“Varios factores contribuyen para el deterioro: la ausencia de una nueva política de seguridad, la crisis económica del país, que aumentó los crímenes contra la propiedad, la crisis fiscal que impide al gobierno hasta pagarle el sueldo a los policías, y la propia crisis política en Río, que debilitó al gobierno”, agrega.
Según los datos oficiales, la tasa de homicidios en Río llegó a caer desde 49,7 muertes por cada mil habitantes en 2007, un año antes de la implantación de las UPP, hasta 28,7 muertes en 2012, pero desde 2013 volvió a crecer y en 2016 ya era de 37,6 muertes.
En números, los asesinatos cayeron desde 7.699 en 2007 hasta 4.666 en 2012, pero volvieron a crecer hasta 6.248 el año pasado.
“En cuanto a los homicidios la situación aún es mejor que hace diez años, pero se ha perdido buena parte de lo ganado. En cuanto a robos, estamos peor que antes. En general se perdieron los logros de los mejores años y se perdió una gran oportunidad de superar la violencia y de transformar la ciudad”, según Cano.
El secretario regional de Seguridad, Roberto Sá, admite que es necesario revisar la política y alega que al modelo copiado de Colombia le faltaron en Río de Janeiro los recursos en proyectos sociales que los colombianos llevaron a las “comunas” de Medellín.
“Estamos haciendo un diagnóstico de las UPP para ver cómo podemos mejorarlas. La directriz es que la policía que actúa en las comunidades preserve los derechos de la población, pero al crimen organizado no le conviene eso y va a intentar impedir que el poder público esté presente en donde pierde sus ganancias”, dijo.
Carlos A. Moreno
