No es que los parlamentarios, los políticos en general, los jueces y fiscales o los ministros de la Corte no supieran que el narcotráfico inficionó las altas esferas del poder. No es que no tuvieran datos o no conocieran casos concretos. No es que ignoraran que esto tan grave estuviera ocurriendo. Lo que está pasando es que son cómplices de todo eso, por acción y por omisión.
La narcopolítica –su presencia en la política y los poderes del Estado– viene desde el gobierno del dictador Stroessner (1954-1989). Una retahíla de protagonistas tuvo –tiene– la inacabada lista de miembros de esta mafia en la dictadura, la transición y en esta suerte de limbo político en el que se encuentra el país. No es un fenómeno nuevo. Acá es más viejo que la democracia.
Por eso resulta hasta insultante la fingida reacción de muchos altos exponentes de los poderes del Estado ante la situación. Lo que las muertes del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada provocan es, en realidad, desagradar a las facciones del negocio y exponen inesperadamente la gangrena mafiosa en la República.
Todos sabían de la presencia de personajes y del negocio en los departamentos de Canindeyú, Amambay y Alto Paraná. A nadie es ajeno –incluyendo políticos de oposición– la presencia de millonarios recursos narcos detrás de muchas candidaturas electorales –cada vez más– para cargos en la capital y el interior del país. Tampoco desconocen –ni muchos abogados– lo que pasa en la Justicia con este tema que permea importantes decisiones y persuade a altos funcionarios de la judicatura.
Por eso queda corta, muy corta, la lista ya famosa del senador Giuzzio que acusa de vínculos con el narcotráfico a los diputados Marcial Lezcano, Bernardo Villalba y Freddy D’Ecclessis, además del ex diputado Magdaleno Silva, la parlasuriana Concepción Cubas y el diputado suplente de Amambay, Carlos Rubén Chicharô Sánchez Garcete. Hasta parecería un chivo expiatorio para dar la sensación de que se quiere enfrentar el mal para luego no cambiar el fondo del asunto. Si fuera interés genuino combatir y desterrar el problema, ya hubiéramos visto resultados. A Medina lo liquidaron hace más de un mes y no hay avances reales.
En estos días el ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, vino a Paraguay y dijo: “El primer paso para que un país no sea narco es que el presidente no sea narco”. Si miramos nuestra historia reciente no encontraremos buenas señales al respecto.
La narcopolítica es una vieja conocida de nuestras autoridades. Tanto, que muchas fueron a la cama con ella...
